“Las sociedades de América Latina y el Caribe empezaron a practicar el distanciamiento social mucho antes de que la pandemia del coronavirus llegara a poner a prueba su resistencia y a exponer sus vulnerabilidades. Se trata de un distanciamiento social causado por la extrema desigualdad en la región, que socava la fe de los ciudadanos en el bien común y amplía la brecha entre ricos y pobres.” 

Con este mensaje empieza el texto publicado por el BID intitulado La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada; que pone de manifiesto que la perplejidad en la que se encuentra inmersa América latina en el contexto del Covid, es la profundización de problemas estructurales arraigados a las desigualdades sociales. Un aspecto para “nivelar la cancha” es el papel de la educación, es así que el capitulo  escrito por Julián Cristia y Xiomara Pulido evalúan el alcance y las características de la desigualdad educativa en la región, sus principales conclusiones son: las disparidades socioeconómicas en la matriculación aumentan conforme se avanza en el sistema educativo; las brechas socioeconómicas en los niveles de aprendizaje se observan a lo largo del ciclo vital; las escuelas en la región están sumamente segregadas por estatus socioeconómico y las brechas entre ricos y pobres también aparecen en los insumos educativos.

Llama la atención esta última, dadas las adversidades generadas por la pandemia entre grupos sociales vulnerables y en especial los pobres; donde quedó desnudada una realidad no solo de desigualdades, sino la prolongación de la mismas con efectos intergeneracionales y de capital humano, que obligan a reflexionar el concepto de igualdad de oportunidades y  de resultados. 

Según  la CEPAL en 2019, en  América latina  el 67%  de sus habitantes tenían conexión a internet en lo urbano y el 23% en las zonas rurales; los grupos con menor conectividad son los de los niños de 5 a 12 años y el de los adultos mayores de 65 años; a  junio de 2020 en el 44% de los países de la región no se alcanzaba la velocidad de descarga; por otro lado el costo del servicio de banda ancha móvil y fija para la población del primer quintil de ingresos llega al 14% y el 12% de su ingreso; los padres de ingresos altos gastan  25 veces más en la educación de sus hijos que los padres de ingresos bajos; entre un 70% y un 80% de los estudiantes del cuartil socioeconómico y cultural más alto cuentan con una computadora portátil en el hogar, frente a solo un 10% o un 20% de los estudiantes del primer cuartil. Indiscutiblemente la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital aumenta las brechas ya existentes, con graves consecuencias en el acceso a información, conocimiento, y ampliación 
de brechas de aprendizajes. Lo anterior no se limita a la accesibilidad, sino las competencias que se necesitan para convertirlas en oportunidad, no tenerlas refuerza las privaciones de la comunidad educativa. 

Dado lo anterior cobra importancia la preocupación no solo por la igualdad de oportunidades, sino también la de resultados. Anthony Atkinson sostenía que era erróneo considerar la preocupación por la desigualdad de resultado como ilegítima; decía que esta desigualdad “afecta directamente a la igualdad de oportunidades – para la próxima generación – los beneficiarios de la desigualdad de resultados de hoy pueden transmitir una ventaja injusta a sus hijos en el futuro”.

La marca que deja el covid en la profundización de las desigualdades en materia de educación tiene implicancias intergeneracionales, que prolongan y ensanchan la desigualdad.

El informe del BID plantea que los sistemas educativos influirán en la desigualdad, dependiendo de las políticas públicas y de las decisiones privadas, lo que significa consensos para una agenda educativa con recursos, incluyente, pertinente, de calidad y un componente transversal tecnológico que haga de la educación no un privilegio, sino un derecho para todos y todas.