En buenahora un despacho judicial de la ciudad decidió admitir la acción de tutela que presenté en el propósito de que el Cúcuta Deportivo regrese al General Santander a jugar en la A el próximo año, porque así como vamos hoy, con la desafiliación de la Dimayor no jugamos ni en la B. Así lo dijo el miércoles pasado en el programa El Alargue el doctor Fernando Jaramillo: “Cúcuta dejó de existir para el FPC”. La mejor decisión de la juez fue la de ordenar a vincular a la coordinadora del grupo de acuerdos de insolvencia de la Supersociedades que ordenó la liquidación, porque ahí fue donde nació el error en la audiencia, al haber pasado por alto la carta del presidente de la Dimayor que planteaba un anticipo de 1.500 millones de pesos por derechos de televisión para salvar el equipo. 

El viernes pasado tuve ocasión de argumentar otro aspecto legal más que es determinante, como un gol, como aquel tercero que le hizo de tiro libro Rubén Bustos al Boca Juniors en los días de gloria del equipo: el artículo 466 del código del trabajo que le prohíbe a las empresas clausurar labores, total o parcialmente, en forma definitiva o temporal sin previa autorización del Ministerio del Trabajo. Luego aquí hubo otro error grave y protuberante de la Supersociedades, pues ni más ni menos, ahora se pasó por encima de la ley.

Y es que en la desafiliación de un equipo como el Cúcuta Deportivo, hay por supuesto los que están interesados en que caiga el Cúcuta, porque otro vendría a “subir gratis a la A”, como un regalo de navidad en este difícil 2020. El periódico El Tiempo publicaba hace algunos días que en una de las asambleas de la Dimayor uno de los equipos que más intervenía para que desafiliaran al Cúcuta, era el Cortulúa. Seguramente en la asamblea sacaron los “trapos sucios” de lo que han sido los malos manejos del equipo. En la asamblea alguno de los socios le ripostó al Tuluá expresándole que era mejor que no hablaron mucho, porque ellos habían estado en la lista Clinton. Según la misma publicación fue el presidente de Santafé quien intervino para evitar irse a los puños. Por supuesto que los intereses que se juegan son muchos y por ello las fuertes discrepancias.

Por mi lado, para defender los derechos laborales, ya me he comunicado con el “tutunendo” Valencia, Diego Chica, Wilson Carpintero, quienes me darán poder para hacer valer sus derechos en esta acción de tutela. En otro escrito tenía oportunidad de precisarle a la Supersociedades que en los despachos públicos de la capital era lamentable el desconocimiento que tenían de la realidad que vive la frontera, de una ciudad como Cúcuta que tiene más del 20% de desempleo, una informalidad cercana al 70% y una población venezolana de cerca de 200 mil personas, y que en esa “bomba social”, el Cúcuta deportivo era un aliciente, algo así como la magia que evitaba que esa conflictividad estallara.

Anoche tuve ocasión de hablar con el profe Pinto un buen rato, él todavía allá en los países árabes, y le comentaba sobre esta estrategia jurídica y que con un buen resultado, le señalaba que el Cúcuta regresaría a la A el próximo año, y en el 2.021 tendría otra estrategia para sanear empresarialmente al equipo. Eso vendrá más adelante. En este momento me envía un mensaje el periodista de Caracol Jorge Enrique Rico y me pide el favor de grabar  un mensaje a los hinchas de 2 minutos precisando los alcances de esta acción, que como en un juego de dominó, si se cae lo de la Supersociedades, se cae lo de la Dimayor. Listo, lo acabo de enviar, al final le digo a los hinchas que tengamos fe, que es probable que en este terrible 2.020, al final logremos tener el regalo de navidad que el Cúcuta siga jugando en el General Santander el próximo año.