Todavía no han bajado las inundaciones que dejó la segunda ola invernal de 2010 y los alcaldes ya recibieron una orden del presidente Juan Manuel Santos para que prevengan los estragos que podría causar la primera temporada de lluvias de 2011, que llegará este mes de marzo.

Amazonas, Caquetá, Putumayo, Cauca, Valle, Nariño, Chocó, el Eje Cafetero y la zona andina, son las regiones del país que podrían verse más afectadas por la dinámica de la temporada, advirtió el director de Socorro Nacional de la Cruz Roja, Carlos Iván Márquez.

Y aunque se insiste en que la prevención es la clave para evitar tragedias, parece que pocos la ponen en práctica. Una muestra fue la denuncia realizada por el vicecontralor general de la República, Álvaro Miguel Navas, quien durante la ola invernal de 2010 encontró fallas en 808 municipios en los que no había comités locales de emergencia o en los que aunque se habían creado no funcionaban.

Este reclamo, es desmentido por el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Ejecutivos, Gilberto Toro, quien considera que “hay una estigmatización y un tratamiento injusto” con los alcaldes porque una encuesta realizada por ese organismo señala que casi todos los comités están funcionando.

La creación de estos comités, recordó Márquez, es una obligación de los alcaldes quienes también deben garantizar los recursos para su funcionamiento.”Todavía están vigentes los problemas de la temporada anterior. Hay que mirar las que fueron declaradas zonas de alto riesgo, ubicar sitios seguros, zonas posiblemente afectadas por deslizamientos. Todavía se hacen ayudas, reparaciones y obras de mitigación y limpieza”, explicó Márquez.
 

NO HAY PLATA EN EL VALLE

Pero ahí es donde está el problema, porque ya comenzaron las primeras quejas de las administraciones locales para atender la orden de Santos.

Liliana Guzmán, gerente para la Reconstrucción del Valle, advirtió que los comités locales de emergencias de ese departamento no cuentan con recursos técnicos, humanos ni económicos para afrontar una nueva emergencia invernal. También manifestó su preocupación por el estado de los diques de contención del departamento, porque los estudios para evaluar su estado tienen retrasos.

En declaraciones a la agencia de noticias Colprensa advirtió que “se está respondiendo a esta emergencia invernal a medias (...) Hay que revisar cómo se obliga la asignación de recursos a estos comités por parte de la Nación, el Departamento y los municipios”.

Entre las poblaciones más afectadas están: Roldanillo, Bolívar y La Victoria. En esta última por ejemplo, hay 400 familias ubicadas en zona de riesgo de inundación.

RECONSTRUCCIÓN  DEL ATLÁNTICO

La ruptura del canal del Dique a la altura de Santa Lucia, en el Atlántico, generó una crisis en el sur de ese departamento que dejó cerca de 100.000 damnificados.

El domingo, en un encuentro con líderes del municipio de Campo de la Cruz, el gobernador Eduardo Verano confirmó que el 76 por ciento de las aguas que inundaron esa zona del Atlántico han sido evacuadas gracias a “boquetes controlados” (huecos en el canal del Dique).

Estos se cerrarán a mediados de marzo cuando -a causa de las lluvias- comience a subir el nivel del río Magdalena.

El viernes pasado, representantes de once empresas internacionales expertas en recuperación de zonas luego de catástrofes naturales (el huracán Katrina y el terremoto de Haití), presentaron al gobernador Verano, su propuesta para la reconstrucción de esa región.

“Sería como una especie de solución integral a todo el problema. Se encargarían de reconstrucción de escuelas, viviendas, y carreteras, etc.”, señaló el mandatario quien aclaró que la decisión final estará en manos de Colombia Humanitaria.

RECLAMOS Y QUEJAS EN EL MANEJO DE LAS EMERGENCIAS

En el Plato Magdalena, por irregularidades en el censo de damnificados se tuvieron que suspender las ayudas a los damnificados. Según el mayor (r) Jairo Pineda Niño, director nacional de la Defensa Civil, se encontraron hasta 10 personas de una misma familia inscritas en el censo de damnificados.

En Bogotá, la Caja de Vivienda Popular, alertó por la situación de emergencia que podría presentarse en el sector de Usme donde 91 familias que viven en zona de riesgo no han querido acogerse al plan de reubicación planteado por el Fondo de Atención y Prevención de Desastres (Fopae), de la Alcaldía. De ellas, 31 pertenecen a un sector conocido como San Juan y 60 son del sector Yopal Pedregal. Aunque a todas se les dictó el acta de evacuación, no han querido abandonar sus predios.

CONTRALORÍA VIGILA EN “CALIENTE”

El manejo en Antioquia ha sido adecuado pero hay problemas en Magdalena y Bolívar:

Felipe Córdoba, delegado de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República es el encargado de hacer un “control en caliente” del uso de los recursos de la emergencia invernal por parte de las autoridades locales. Según el funcionario, en los pocos meses que lleva en su labor se ha encontrado con muestras de “lo mejor y lo peor”.

Considera que en Antioquia -en especial en Bello y Urabá- se ha dado un manejo adecuado. “La gente no está en alojamientos temporales y les están dando subsidios de arriendo”. La Contraloría está verificando que esos recursos estén llegando efectivamente para el pago de viviendas para los damnificados.

Pero también se han presentado problemas en el Sur de Bolívar, Atlántico, La Mojana (límites de Antioquia, Bolívar y Sucre), y Santander, por el manejo de los censos de damnificados.

En el departamento de Santander hay algunos datos que no coinciden, uno de los principales problemas se presenta en Floridablanca. En El Plato, indicó Córdoba, se presentaron inconvenientes porque en el censo de damnificados aparecen varios concejales y el Secretario de Gobierno. Una situación similar se presenta en Mompox. Sin embargo, la idea es que con el registro único del Dane -que se debe entregar el 15 de marzo- comience a aclararse el panorama.

Para Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, los alcaldes están haciendo su mejor esfuerzo para atender a los damnificados, aún cuando algunos de ellos perdieron sus fincas y casas. Además hay unas 80 alcaldías que quedaron inservibles lo que también afecta el ejercicio normal de las administraciones locales.