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Hace apenas una semana Colombia fue testigo de uno de los acontecimientos más trascendentales en su historia reciente. El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó, en presencia del propio Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como testigo de honor, una de las leyes que, se espera, parta en dos la historia de  las víctimas de la violencia en el país: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Una iniciativa liberal que tuvo que esperar cuatro años para recibir el espaldarazo del Gobierno Nacional y el de la mayoría de partidos políticos.

En su primer intento por salir adelante, la iniciativa naufragó en medio de la oposición que lideró el mismo gobierno, en cabeza del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quien acusó un costo fiscal muy alto para el Estado.

Sin embargo, sus promotores, abanderados por el senador nortesantandereano Juan Fernando Cristo, no desistieron en su interés por sacar adelante la ley, que permitiría resarcir el daño que por décadas ha dejado la violencia en muchos rincones de Colombia.

Fue así como el año pasado, tras el ascenso de un nuevo gobierno, liderado por Juan Manuel Santos, los escuderos de la ley se arriesgaron a presentarla nuevamente, encontrando un panorama completamente diferente. Aunque en esta segunda etapa la ley no escapó a la polémica, su tránsito fue más fácil y expedito. Para hablar sobre lo que fue el trámite de esta histórica ley y lo que viene para el país de ahora en adelante La Opinión conversó con uno de los principales impulsores de la nueva norma, el senador Juan Fernando Cristo Bustos.

¿Aprobada y sancionada esta Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, qué deberán esperar ahora esos cuatro millones de beneficiarios?

Viene la etapa más dura. La aprobación de la Ley es el punto de partida y no de llegada del compromiso que adquirió el Estado colombiano para reparar a cuatro millones de compatriotas víctimas del conflicto.

Lo que queda es seguir discutiendo incisos y parágrafos y con base en lo aprobado comenzar a trabajar, en conjunto, en una buena reglamentación. Primero, de la creación de la nueva institucionalidad que va a aplicar e implementar la Ley.

Sin duda alguna comienza una tarea formidable, que era inaplazable para la sociedad y para las víctimas y que al término de la vigencia de la Ley, dentro de diez años, nos podrá dar como resultado una sociedad mucho más civilizada, moderna y respetuosa de los Derechos Humanos en general y de los derechos de las víctimas en particular.

¿Cuánto será en realidad el costo de la Ley en estos diez años?

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con buen juicio, durante todo el trámite de la iniciativa nunca dio una cifra puntual sobre el costo de la Ley porque es imposible tenerlo de manera responsable y seria. Hay que comenzar a implementar la Ley, a abrir el Registro Único de Víctimas y mirar cuántas víctimas aparecen. Nadie sabe en estos próximos diez años cuántas nuevas víctimas generará el conflicto armado, luego dar una cifra concreta no es serio, ni responsable. Lo importante es que el Ministerio ha dicho con toda claridad y franqueza que de manera gradual y sostenible, el Estado está en capacidad de asumir un costo de reparación a las víctimas.

¿Qué fue lo más difícil para sacar adelante esta histórica ley?

En la primera etapa de la Ley que comenzamos a trabajar en octubre del 2007 cuando la bancada liberal presentó por primera vez la iniciativa, lo más difícil sin duda alguna fue la oposición frontal del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Después vino, en buena hora, la actitud distinta del gobierno del presidente Santos, cuando acogió la iniciativa liberal y la convirtió en parte de la agenda de la Unidad Nacional. Esta ley se convirtió ya no en una ley partidista, sino en una ley de toda la Unidad Nacional para las víctimas de la violencia en Colombia.

Ahora bien, en esta etapa final tal vez lo más difícil fue la incomprensión de algunos sectores radicales de la sociedad colombiana, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda frente a la iniciativa. Los unos porque pretendían que en la Ley quedara contemplado todo lo que no se ha hecho en el país en los últimos cuarenta años, en materia fiscal para las víctimas, y los otros porque no querían saber absolutamente nada de reparación y consideraban innecesario aplicar una ley en ese sentido.

¿Se convirtió el presidente Uribe para ustedes en una verdadera piedra en el zapato, tanto en la primera como en la segunda etapa de esta Ley?

No quisiera personalizar ni entrar en un debate político con el expresidente Uribe. Creo más bien que hay sectores de la derecha colombiana que no han entendido el drama de las víctimas en el país, que no entienden que una sociedad que no sea capaz de reparar a sus víctimas, no será capaz nunca de cicatrizar las heridas y de pagar una deuda social y moral con las víctimas de la guerra; y que no entendieron nunca que esta era una ley dedicada única y exclusivamente a reparar a las víctimas y no a abrir un debate político sobre quiénes eran sus victimarios o cómo había sido su victimización.

Pero, ¿hizo más el presidente Juan Manuel Santos, quien también hizo parte del gobierno pasado, pero que en este demostró verdadera voluntad política con las víctimas?

Hay que decir con toda claridad que sin el liderazgo, el compromiso y la convicción del presidente Santos sobre la trascendencia que tiene esta Ley para la sociedad colombiana en su conjunto, hubiera sido imposible avanzar en su aprobación. Hubiera sido difícil impulsar una ley buena que no discrimina a las víctimas de Estado, una ley que garantiza la reparación integral a las víctimas, no solamente con la indemnización económica, sino con la creación de una nueva institucionalidad en el país, una unidad administrativa de atención y reparación a las víctimas, una unidad administrativa de restitución de tierras despojadas y un centro nacional de memoria histórica.

Eso no hubiera sido posible sin el compromiso del Presidente de la República, que supo liderar y buscar consensos entre los distintos partidos de la coalición que teníamos visiones diferentes frente al proyecto.

¿Durante el debate de la Ley de Víctimas miembros del Polo insistieron siempre en que la iniciativa desconocía el principio de universalidad y de igualdad de las víctimas ¿por qué no es así?

Los grandes obstáculos en esta última etapa precisamente fueron esos radicalismos de la extrema izquierda y la extrema derecha. Lo que yo considero es que esta no es una crítica justa, ni una crítica válida, es una crítica equivocada pues una de las grandes virtudes de la Ley, dicho por el mismo Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, es que cumple y que ofrece igualdad en materia de derechos a las víctimas.

Precisamente con esta condición fue con la que no estuvo de acuerdo hace dos años el gobierno del presidente Uribe y por eso se dio el hundimiento de la iniciativa.

Uno de los apartes de esta nueva ley que sin duda ha generado una amplia polémica es el que tiene que ver con el Contrato de Transacción ¿cuál es la verdadera ganancia para las víctimas si se acogen a este acuerdo?

El tema del Contrato de Transacción es muy simple. El Estado reconoce administrativamente a la víctima y desde el punto de vista económico le reconoce una indemnización sobre la base de una tabla que fijará el Gobierno durante la reglamentación de esta norma. Si cuando la víctima vaya a ser reconocida el Gobierno sólo está dispuesto a reconocerle y a pagarle lo que está señalado en la tabla, la víctima tendrá abiertas las puertas de la reparación judicial para buscar una reparación más amplia.

Si el Estado en ese momento le ofrece a la víctima un monto mayor al que está reconocido en la tabla, la víctima tendrá dos alternativas: o acepta ese monto mayor y suscribe un contrato de transacción o de conciliación para no acudir a la vía judicial, o simplemente rechaza ese ofrecimiento, no participa en la conciliación, recibe lo que está estipulado en la tabla y deja abierta la vía judicial.

¿Si aceptan la primera alternativa gana además el Estado en la medida que podría reducirse el número de demandas en su contra?

Puede ser. Si el Estado hoy hace un esfuerzo fiscal para hacer un reconocimiento mayor a las víctimas, se ahorrará unos recursos hacia el futuro, en lugar de aplazar esas decisiones para que salgan demandas dentro de diez años como las que salen ahora y escandalizan a muchos sectores de la opinión, pero que son producto de la desatención del Estado y de la falta de reparación a las víctimas.

¿Cómo garantiza esta Ley que la reparación va a ser más rápida, sin tantas trabas?

Va a ser más rápida puesto que está contemplada una reparación administrativa. El Estado solo tendrá 60 días para reconocer la condición de víctima, entonces obvio que de esta manera se garantizará una reparación más rápida. Ahora, hay que ser absolutamente claros en esto. Una reparación más rápida no significa que el año entrante Colombia vaya a tener la posibilidad de reparar a cuatro millones víctimas del conflicto de una sola vez y que lo que no hicimos en los últimos cuarenta años los vayamos a poder hacer en un año.

Una reparación más rápida significa, primero, reconocimiento de la víctima de manera mucho más expedita; segundo, las medidas de reparación simbólica, y ya desde el punto de vista de las medidas de asistencia social a las víctimas y del propio pago de la indemnización está previsto un horizonte de 10 años.

Por eso, la reglamentación del Gobierno tendrá que priorizar los grupos de víctimas empezando por las más vulnerables, es decir, a los menores de edad y a las mujeres cabeza de hogar.

¿En qué casos podrían ser beneficiadas por la Ley las víctimas de bandas criminales?

En la medida que sufran violaciones a los Derechos Humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario, como por ejemplo, los desplazados por las bandas criminales en distintas regiones de Colombia. Ellos estarán incluidos en la ley.