Así quedó establecido en una ordenanza que fue aprobada este miércoles por la Asamblea, y que busca contribuir con el bolsillo de por lo menos 1.500 familias que fueron afectadas por el conflicto armado y que hoy tienen la oportunidad de recuperar lo que un día les perteneció.

La iniciativa que fue presentada por el gobierno departamental, en cabeza de la Secretaría de Víctimas, establece que, en adelante, no generarán impuesto de registro, además de las sentencias, los actos administrativos y las escrituras públicas proferidas por el Incoder y las entidades territoriales, que se deriven del cumplimiento de órdenes judiciales.

Este beneficio se aplicará para los siguientes casos:

-Titulación sobre los predios baldíos urbanos o rurales adjudicados por el Incoder, por orden judicial a las víctimas del conflicto armado.

-Titulación por orden judicial de bienes inmuebles ejidos a las víctimas del conflicto por parte de los municipios del departamento.

-El registro de las sentencias y escrituras públicas mediante las cuales se reconoce el derecho real de dominio por prescripción adquisitiva de dominio o se ordena la rescisión de los contratos o actos jurídicos de compraventa registrados respectivamente, en favor de las víctimas del conflicto.

-En general, todas las titulaciones de propiedad que se den como medida de restitución.

En la ordenanza se dejó constancia de que la Secretaría de Hacienda del Departamento  será la encargada de verificar y determinar los casos que se beneficiarán de dicha exención. Una vez comprobado que la persona tiene derecho al beneficio, ese despacho deberá autorizar el registro directo del bien ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, previo visto bueno de la Unidad de Restitución de Tierras y de la Secretaría de Víctimas.

Durante la sesión de este miércoles, en la que se clausuró el periodo extraordinario de sesiones, los diputados abordaron también la situación que se viene presentando en El Zulia, por cuenta del proceso de restitución de tierras, por lo que le pidieron al presidente de la corporación poner en alerta a la Defensoría del Pueblo para que asuma las acciones necesarias a fin de que los actuales propietarios de predios que son objeto de reclamación, no terminen convertidas en las nuevas víctimas del departamento.