Tras haber concluido el ciclo 31 de las conversaciones de paz, así como las visitas de cinco delegaciones de víctimas del conflicto armado que se reunieron con las partes, llegó a La Habana una delegación integrada únicamente por las víctimas y familiares de la masacre de 79 personas, en Bojayá (Chocó) el 2 de mayo de 2002.

Durante esta reunión, los delegados del grupo guerrillero pidieron perdón por sus actos, mientras reconocían que “nunca hubo intención de lastimar a la población civil y menos a los ancianos y niños inocentes que murieron en este lamentable hecho”, a la vez se comprometieron a resarcir los daños causados y a reparar a las víctimas de estos hechos, así como a no repetir “jamás” este hecho de sangre.

Esta delegación especial de víctimas, que llegó con apoyo del Gobierno de Noruega, uno de los facilitadores del proceso de paz, manifestó que “en nuestra memoria está grabado de forma imborrable el dolor que produjo esta masacre, los múltiples daños físicos, psicológicos, sociales, culturales, materiales y espirituales que aún están esperando ser reparados”.
 

se debe extender el perdón: víctimas

A pesar de valorar el gesto de las Farc, tras estos trágicos hechos, la delegación de víctimas de Bojayá expresó que “esta petición no debe dirigirse solo a nosotros, sino a todos los pueblos afrocolombianos e indígenas de la región del Pacífico, pues nuestra situación de víctimas de replica, es de diversas formas, a lo largo del Chocó”.

Para la delegación además de pedir nuestro perdón, las Farc y todos los actores involucrados en estos hechos deben mostrar actos concretos que manifiesten su contrición, de tal manera que la sinceridad manifiesta se traduzca en acciones concretas”.

No obstante, las víctimas también pidieron a los paramilitares y al Estado colombiano que pidan perdón y se involucren en la reparación.

Aseguraron, que si bien la guerrilla y los paramilitares son culpables por acción, el Estado, lo es por omisión, porque el Gobierno sabía tres semanas antes de la tragedia, la Diócesis de Quibdó, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, emitieron alertas tempranas que no fueron atendidas.