Colombia es el segundo país más afectado por minas antipersona después de Afganistán.
Víctimas de minas antipersona casi se han duplicado en el país
El número de víctimas por minas antipersona en Colombia prácticamente se ha duplicado en lo que va de 2018 respecto al total de 2017, informó este martes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Hasta el 31 de julio, el organismo internacional había registrado 99 víctimas de "artefactos explosivos improvisados, minas antipersonales y municiones abandonadas sin explotar, contra 56 el año pasado", dijo Ana María Hernández, coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR.
"Este año prácticamente se ha duplicado el número de víctimas del total del año pasado", agregó.
Hernández indicó que 16 de las víctimas murieron. Del total de afectados, 69 son civiles (casi el 70%) y el resto militares.
Colombia es el segundo país más afectado por minas antipersona después de Afganistán, con más de 11.400 víctimas en las últimas tres décadas.
De ellas, más de 7.000 eran miembros de la fuerza pública, según un informe oficial de 2017. Los responsables de utilizar estos artefactos, de acuerdo con el documento, son mayoritariamente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disueltas Farc.
Aunque el acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a las Farc redujo considerablemente los casos, el Eln, narcotraficantes y bandas criminales de origen paramilitar siguen utilizando estas armas para el control territorial o para proteger los narcocultivos.
En 2016, cuando se firmó el pacto con la otrora poderosa guerrilla comunista, que se comprometió a ayudar a desminar, el gobierno reportó 84 víctimas frente a 221 de 2015.
Según la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, en 2012, cuando iniciaron los diálogos con las Farc en La Habana, se presentaron 496 casos.
Las regiones donde se registra un aumento de víctimas este año coinciden con zonas en donde hacen presencia actores armados que se disputan el control de narcocultivos o "corredores estratégicos" de droga, como en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, explicó Hernández.
Esta situación hace "muy complejo para las organizaciones civiles realizar operaciones de desminado humanitario", añadió.
Hasta 2017 en Colombia había 52 millones de metros cuadrados "potencialmente afectados" por la presencia de estos explosivos, según cifras oficiales.
El país aspira a estar libre de minas en 2021, por lo que en febrero del 2017 el gobierno empezó labores de desminado en el 40% de la zona afectada.
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