Con el nombramiento del nuevo comandante del Ejército, mayor general Eduardo Zapateiro, la familia del futbolista Juan Fernando Quintero recordó la herida abierta que tienen por la desaparición de Jaime Enrique Quintero Cano, padre del jugador, cuando prestaba servicio militar en el Batallón 31 en Urabá, bajo la dirección de Zapateiro en aquel entonces.

Ante la polémica en medios, el Ejército Nacional se pronunció a través de un comunicado en la mañana de este domingo. La institución militar dijo que el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia ya había absuelto al Estado de cualquier responsabilidad por estos hechos, el pasado 30 de marzo de 2001.

Aseguran que en “la desaparición de Jaime Enrique Quintero Cano no existe prueba de responsabilidad contra el comandante de la Compañía de Instrucción Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, hoy mayor general designado como comandante del Ejército, así como en contra de ningún integrante del Ejército Nacional”.

La desaparición de Quintero Cano sigue siendo un enigma y aunque no existen pruebas fehacientes que puedan explicar el paradero del exfutbolista, en el comunicado ofrecido por las Fuerzas Militares se deja entrever que las causas de la desaparición podrían estar ligadas al actuar de grupos criminales en la zona de Urabá. “El Ejército Nacional lamenta profundamente el hecho victimizante sufrido por la familia Quintero Cano, el cual deja en evidencia el actuar de grupos ilegales en esa zona, y que condujo a la desaparición del señor Quintero”.

Este diario conversó con la familia de Juan Fernando Quintero, posterior a la emisión del comunicado del Ejército, quienes afirman que están “dispuestos a perdonar, pero no sabemos qué vamos a perdonar. Más que volver a contar los hechos, estamos clamando a las Fuerzas Militares que nos ayuden a aliviar este dolor, que nos digan qué fue lo que pasó con nuestro familiar”.

La familia afirma que hace un año tuvieron contacto directo con Zapateiro, quien afirmó, según ellos, que les “iba a contar lo que había acontecido”. Sin embargo, hasta ahora no han vuelto a tener comunicación con él.

Ante el reciente nombramiento de Zapateiro en el comando del Ejército, la familia demostró su descontento en medios de comunicación.

El Colombiano tuvo acceso al fallo del tribunal, en el que se conocen detalles de la enigmática historia del padre del futbolista.

La historia

Se trata de la historia de una madre y ocho hijos, dentro de ellos el futbolista Juan Fernando Quintero, que buscan a su esposo y padre, Jaime Enrique Quintero Cano, desde 1955.

Jaime Enrique se desempeñaba como futbolista, jugó en el Atlético Nacional y Deportivo Itagüí, sus compañeros lo recuerdan como una persona respetuosa de los reglamentos, disciplinado y buen amigo. El primero de marzo de 1995, el futbolista se acercó a la IV Brigada en Medellín para definir su situación militar.

Quintero Cano pasó los exámenes, de inmediato fue integrado a las Fuerzas Militares, específicamente en el segundo Contingente de 1995, perteneciente al Batallón de Infantería número 31, llamado “Voltígeros”, en Urabá.

Un día después, el futbolista se comunicó con su familia para darles la noticia de que, de inmediato, sería trasladado vía aérea al batallón en Urabá. Esta fue la última vez que el padre de ocho hijos habló con su familia.

La angustia comenzó cuando, luego de ese día, los familiares de Quintero Cano intentaron comunicarse, sin éxito, con él. Luego de varios intentos infructuosos, la familia se enteró de que Jaime Enrique sería devuelto a Medellín por un altercado que tuvo con el entonces capitán, Eduardo Zapateiro Altamiranda, hoy nuevo comandante asignado del Ejército Nacional.

Para su regreso a Medellín, Quintero Cano fue enviado en un bus intermunicipal. Los militares dan cuenta de que Quintero Cano abordó el vehículo. Sin embargo, el futbolista nunca llegó a su destino y desde entonces su familia reclama conocer su paradero.

Por eso, los familiares procedieron a interponer una demanda a la Nación (específicamente contra el Ministerio de Defensa - Ejército), para recibir una reparación directa, solicitando que les fuera reconocido el pago de perjuicios morales y materiales.

Para la familia Quintero, la institución castrense incurrió en una “omisión en el cumplimiento de las obligaciones legales, como quiera que conllevó a que la vida de Jaime Enrique Quintero se pusiera en peligro”, se lee en la providencia que emitió el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual negó todas las pretensiones de la familia en 2001.