La idea de que el procedimiento legislativo especial, también conocido como ‘fast track’, iba a hacer mucho más expedito el trámite de las reformas y leyes que desarrollan el acuerdo de La Habana, quedó en una simple ilusión.

Si bien hace un año, tras la firma del histórico acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, el respaldo del Congreso fue amplio a la hora de darle el sí a la refrendación de lo pactado, el entusiasmo de las mayorías se fue apagando poco a poco, y a falta de una semana para que termine la vigencia del ‘fast track’, la gasolina parece haberse acabado.

La falta de acuerdo entre el Ejecutivo y los diferentes partidos de la Unidad Nacional, sumado al malestar generado por algunos proyectos y la escasez de tiempo para sacarlos adelante, llevaron a que un buen número de iniciativas contenidas en el acuerdo de paz  terminaran hundidas.  

Entre los proyectos que no lograron ver la luz en Senado y Cámara, pese a su importancia para el proceso de implementación figuran: la reforma que buscaba establecer un tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores  de ilícitos, el proyecto de ley por el cual se regula el Sistema Nacional Catastral Multipropósito, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y la reforma a la Ley de Garantías.

Este último proyecto generó varias críticas, a pesar de que el ministro del Interior, Guillermo Rivera, defendió su necesidad, con el argumento de que urgían algunos cambios para asegurar el desarrollo e implementación del Acuerdo Final, estableciendo excepciones a las prohibiciones de contratación directa por parte del Estado, la celebración de convenios interadministrativos y la modificación de la nómina del respectivo ente territorial o entidad. 

Pese a que las Comisiones Primeras y Terceras trabajaron de manera conjunta por lograr darle trámite al paquete de normas presentadas por el Gobierno, distintos factores llevaron a que no fuera posible sacar victoriosa la totalidad de la agenda de paz.

Las Comisiones Quintas tampoco pudieron darle trámite al proyecto que habilitaba la adjudicación o el otorgamiento del uso de baldíos en reservas forestales protectoras-productoras y de reserva forestal.

El ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, expresó también su preocupación por que al proyecto que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria se le está acabando su tiempo para ser aprobado y no logra avanzar.

El senador del Polo, Iván Cepeda, consideró que la opción que queda para salvar el contenido del acuerdo, es seguir con el trámite de estos proyectos por la vía ordinaria, para lo cual el Gobierno deberá presentarlos nuevamente y con mensaje de urgencia.

Tutela

A propósito de las demoras que ha sufrido la implementación del acuerdo de paz por las trabas que han enfrentado los proyectos en el Congreso, el Tribunal Superior de Bogotá admitió una tutela que presentaron 59 organizaciones de víctimas y 60 líderes sociales, con la que buscan que se obligue al Legislativo a avanzar en el estudio de las normas, sin dilaciones.

Según los autores del recurso de amparo, “La tutela solicita que los congresistas se abstengan de abusar de sus facultades parlamentarias o de omitir el deber de asistir a las sesiones, para impedir la implementación del Acuerdo Final”.

Y al presidente Santos le piden convocar a sesiones extraordinarias y emitir el mensaje de urgencia respecto de aquellos proyectos de ley priorizados.

Al respecto, el Tribunal solicitó que se informe qué proyectos de ley relacionados con la implementación del acuerdo aún no se han presentado ni aprobado y por qué.