Doce es el número de demandas que ha recibido la Corte Constitucional contra la Ley 1943 de 2018, en la que se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del Presupuesto General y se dictan otras disposiciones, más conocida como ley de financiamiento. 

La última demanda en llegar a la Corporación fue la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Los cargos que ahora presento se fundan en vicios de procedimiento en el trámite legislativo del mencionado cuerpo normativo, por lo tanto afecta a la totalidad la referida ley”, dijo el jefe de Cambio Radical 

Para Vargas Lleras, uno de los principales vicios que se presentaron en el trámite relaciona la ausencia de publicación o difusión del texto votado y aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes. 

Del mismo modo, acusó que se registró un segundo vicio de procedimiento fundamentado en la repetición de la votación respecto de 88 artículos del proyecto de ley. 

Con la demanda interpuesta por Vargas Lleras lo que busca es que se prevenga que los contribuyentes deban soportar las consecuencias prácticas generadas por disposiciones que: “fueron expedidas con clara representación sobre su inconstitucionalidad y que desconocieron un principio fundante del Estado colombiano, como es el principio democrático”. 

“Espero que la Sala Plena de la Corte Constitucional esté a la altura de las circunstancias que hoy reclaman su actuar, y que sin mirar partidos o preferencias políticas defienda principios axiales al trámite legislativo”, se lee en una de las 62 páginas de la demanda. 

Corridas de toros no son maltrato animal

Por otra parte, la Corte Constitucional reiteró que las corridas de toros no incurren en delito de maltrato animal.

La determinación la tomó la corporación luego de que resolvió una demanda en contra de la Ley 1774 de 2016, que establece las sanciones hasta de 36 meses de prisión por el maltrato animal, pero que al mismo tiempo exonera a quienes practican las corridas de toros, el coleo y las peleas de gallos por ser de tradición cultural.

Así las cosas, lo que decía el demandante es que no existía justificación para no proteger a los “toros, gallos, becerros y demás animales que participan en espectáculos artísticos desconociendo su calidad de seres sintientes”. 

Sin embargo, la Corte determinó que mantendría la decisión que sentó en el año 2010 con la sentencia C-666 de ese año.

Bajo ese sentido, el Alto Tribunal dejó en firme la posición tomada años atrás y reitera que tuvo en cuenta los derechos que se enfrentan con la protección animal, incluida la necesidad de alimentarse, las creencias religiosas y la cultura.

Una vez llegó a la Corte la demanda, la corporación recibió una serie de intervenciones. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, la Universidad Libre y la Facultad de Derecho solicitaron que se declarara la exequibilidad del precepto acusado.