Mientras la Corte Constitucional toma una decisión sobre el uso de las aspersiones aéreas con glifosato como herramienta contra los cultivos de uso ilícito, la problemática se centra en aceptar el uso del herbicida o continuar con la erradicación manual de la mata de coca que ha cobrado varias vidas.

En palabras del ministro de Defensa, Guillermo Botero, “el único mecanismo” que tiene actualmente el Gobierno para atacar los cultivos de uso ilícito es la erradicación manual y aseguró que en lo que va corrido de este 2019, ocho personas han perdido la vida y 40 más han resultado heridas o mutiladas.

Minas antipersonal, explosivos en los cultivos, hasta ataques a los grupos de erradicadores, son el tipo de agresiones que han recibido los integrantes de la Fuerza Pública.

“Con el principio de precaución que tomó la Corte Constitucional frente al glifosato (suspender la aspersión aérea), hoy tenemos que lamentar la muerte de estas personas, por lo que estamos esperando que la Corte Constitucional module su sentencia. Mientras tanto, no tenemos otro mecanismo que continuar erradicando manualmente”, agregó Botero.

¿Glifosato asesino?

A pesar de los argumentos que tiene Mindefensa, la Corte cuenta, del otro lado, con razones de peso como para sostener la prohibición de la aspersión aérea con ese herbicida.

Una de esas razones tiene que ver con diferentes estudios, como el de la Universidad Externado denominado “Ineficacia estructural y probabilidad de daño a la salud debido a su uso en la aspersión aérea de cultivos de arbusto de coca” y que concluye que con este método existe una “elevada probabilidad de ocasionar daño a la salud de la población residente en las zonas rurales de los municipios asperjados”.

A esto se suma lo ocurrido con Monsanto, propiedad de la compañía alemana Bayer, condenada a principios de mayo a pagar más de 2.000 millones de dólares a una pareja de estadounidenses enfermos de un cáncer que atribuyen al herbicida Roundup (hecho con glifosato).

Volviendo a Colombia, también se conoció que el Instituto de Medicina Legal no tiene la capacidad de comprobar las intoxicaciones o muertes. Esto después de que ese mismo instituto lo reconociera al hacerse una necropsia a los cuerpos de dos niños de la comunidad indígena Yukpa (Cesar) que habrían muerto envenenados en diciembre pasado, cuando bebieron de una botella que al parecer contenía el herbicida.

“La técnica para la determinación de glifosato no está disponible en nuestros laboratorios forenses y, por lo tanto, existe una limitación para el estudio”, afirmó Medicina Legal.

A este tipo de dilemas se enfrenta la Corte Constitucional en sesión de la Sala Plena, programada para esta semana, cuando saldría la decisión sobre el uso del herbicida.