Tal y como lo había anticipado, la bancada del Centro Democrático radicó este martes el proyecto de ley estatutaria por medio del cual se adopta en Colombia la figura de la doble instancia para aforados, con la cual se beneficiará directamente el recién extraditado de los Estados Unidos, el exministro Andrés Felipe Arias, a quien se le procesa judicialmente por el caso de los subsidios de Agro Ingreso Seguro. 

La iniciativa fue radicada por el propio expresidente y jefe de ese partido, Alvaro Uribe Vélez, quien estuvo acompañado por la mayoría de los congresistas de su bancada. 

Un eje básico del proyecto es la creación de una sala especial de revisión en la Corte, conformada por tres magistrados, que funcionaria por máximo por cuatro años y que se encargaría de estudiar alrededor de 250 casos en los que no se respetó este derecho. 

Al ser preguntado sobre si esta es la “Ley Andrés Felipe Arias”, el senador Uribe expresó su molestia por denominarse esa futura norma legislativa con ese nombre. 

“Hombre, yo le ruego tener en cuenta esto, primero Colombia es signataria a respetar este derecho fundamental”, sostuvo Uribe tras recordar que hay mandatos internacionales y del país, que determinan reconocer la doble instancia. 

El jefe del Centro Democrático además señaló que el acto legislativo del 2018 que incorporó la figura, dejó la doble instancia de forma a temporal, es decir que podrá beneficiar a quienes ya han sido juzgados, “está abierta la posibilidad que sea retroactivo, bastaría con una aclaración de la Corte para reconocer ese derecho de aquellos condenados sin una segunda instancia”. 

De otra parte el uribismo radicó un proyecto que exige a los congresistas, diputados y concejales, informen en la respectiva plenaria de su corporación alguna gestión presupuestal realizada, especificando objeto, monto y entidad territorial. 

Uno más que establece condiciones especiales para que los integrantes de la Fuerza Pública condenados por delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016, puedan tener un beneficio de libertad condicional después de 5 años de pena privativa. 

Un proyecto más busca agravar las penas e impedir beneficios subrogados penales a los agresores contra los integrantes de la Fuerza Pública, para tipificar el homicidio, el secuestro y la violencia, contra integrante de la Fuerza Pública, como delitos autónomos, para garantizar penas más elevadas y acordes con la gravedad de dichas conductas. 

Un último proyecto es el que adopta normas especiales de pago que estimulen el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y se dictan otras disposiciones, es para que se discuta cómo debe ser la relación de plazos y pagos entre empresas. 

También está la reforma constitucional para que los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra los recursos naturales, no puedan ser conexos con el delito político.