En la presentación del tercer Informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame sobre el proceso de paz con las Farc, Borja Paladini, el representante del centro académico en Colombia, aseguró que es fundamental que el Estado avance de forma significativa para dar respuesta integral al fenómeno del narcotráfico ya que está dificultando el desarrollo de la implementación del acuerdo.

“Mucho del debate se centra en las hectáreas de coca, en sí fumigamos o no fumigamos, pero la evidencia muestra que si se desmantelan organizaciones criminales del narcotráfico las hectáreas de coca se reducen de forma mucho más efectiva y eso es importante. ¿Por qué no pensar en hacer un esfuerzo y que en vez de 42 fiscales especiales contra el narcotráfico sean 84?”, señaló Borja.

El representante de Kroc señaló que se debería revisar el hecho de que el programa el Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) está dado buenos resultados. Dijo que se evidencia que las familias que se han vinculado han logrado un tránsito a economías legales con un muy bajo nivel de resiembra, que es importante para la lucha contra el narcotráfico.

Así mismo, Borja destacó el liderazgo que ha adelantado el presidente Iván Duque en contra del consumo de las drogas y el hecho de que se siga dando continuidad al PNIS, como forma de lucha contra el fenómeno de las drogas.

Sin embargo, de acuerdo al informe, pese a que la implementación del acuerdo de paz sigue progresando se debe seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de los colombianos en los territorios más afectados por la violencia, donde todavía falta avanzar.

Por este motivo se hizo un llamado a acelerar el ritmo de implementación en las regiones, para que se pueda generar la protección y garantía de los derechos humanos de los pobladores y de los líderes sociales, quienes están en riesgo.

Así mismo, según Borja, uno de los principales retos de la implementación tiene que ver con las garantías de seguridad y protección de los excombatientes de las FARC y sus familias. De acuerdo al documento, este riesgo, al igual que los relacionados con líderes sociales, se da por la presencia de actores armados ilegales y bandas criminales en zonas de implementación.

De esta manera, de acuerdo al instituto, preocupa que líderes y comunidades involucradas en procesos derivados del acuerdo como lo son la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia transicional y la reivindicación de derechos colectivos y de género, están siendo blanco de agresiones y homicidios. Argumenta que estos líderes son los principales aliados en territorio para avanzar en materia de construcción de paz y democracia.

“Se requiere de respuestas integrales con la visión de seguridad humana contemplada en el acuerdo. Es necesario fortalecer y consolidar los mecanismos de diálogo entre los diversos actores involucrados para consensuar estrategias de seguridad y protección, en particular el Pacto Político para eliminar la violencia de la política, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP)”, destaca el informe.

De igual forma, hace énfasis en que también es importante fortalecer los diversos mecanismos preventivos de protección y seguridad como el Sistema de Alerta y Reacción Temprana de la Defensoría del Pueblo, los mecanismos de protección colectiva comunitaria y étnico o los mecanismos judiciales tales como la Unidad Especial de Investigación, el Cuerpo Élite de la Policía y el desarrollo de capacidades de investigación y persecución de las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“Nos empieza a preocupar el tema de centralidad de las víctimas. La incertidumbre por el debate político genera incertidumbre en las víctimas. Creemos que más allá de la discusión sobre hacer trizas el acuerdo, se debe concentrar el debate en las víctimas”, agregó Borja.

Según el Instituto Kroc, a 28 de febrero de 2019, el 69% de los compromisos en el Acuerdo Final está en proceso de implementación, de los cuales un tercio de ellos (35%) ha alcanzado niveles avanzados de implementación, lo que significa que se han implementado completamente (23%) o se espera que se implementen completamente en el tiempo estipulado por el acuerdo (12%). Concluye el documento que el 34% de los compromisos está en un estado de implementación mínima.