Miles de estudiantes y miembros de la comunidad educativa protagonizaron multitudinarias movilizaciones en las principales ciudades del país, reclamando al Gobierno Nacional un aumento en el presupuesto de la educación para el año 2019, principalmente para las universidades públicas que vienen presentando problemas en materia de financiación e infraestructura.

Las movilizaciones fueron convocadas por los estudiantes ante la discusión del presupuesto general de la nación para 2019, en donde se contempló un incremento de recursos para el sector Defensa, decisión que no gustó en el sector educativo del país.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), “mientras que los rectores de las universidades públicas del país, reunidos en el Sistema Universitario Estatal, calculan un déficit de 3,2 billones en funcionamiento y un faltante aproximado de 15 billones en inversión, la propuesta de aumento del Gobierno Nacional se reduce a un aproximado de 34.000 millones en términos reales para funcionamiento, es decir solo 1 %”.

La organización de los estudiantes exigió que “el gobierno reconozca el faltante de funcionamiento y establezca un plan de pagos con un mecanismo estable y creciente de los 15 billones de pesos que requieren las IES públicas en materia de inversión”.

Ante esta problemática, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), también se sumó a las jornadas de movilización en defensa de la educación pública, asegurando que la educación pública está al borde del colapso.

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, reconoció este miércoles la falta de recursos para la educación superior.  

¿Qué sigue?

Julián de Zubiría, experto en educación y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), consideró que el problema que enfrentan las universidades públicas viene desde la ley 30 de 1992, ya que los recursos asignados a las instituciones no están acordes con la realidad que tienen estas instituciones en la atención del número de estudiantes y en los temas de financiamiento.

“El problema fue que las universidades públicas se multiplicaron por cuatro en el número de estudiantes, tenían 159.000 en 1992 y hoy tienen 611.000 estudiantes, y las transferencias de recursos crecieron a un ritmo muy bajo mientras que los costos se iban elevando”, explicó De Zubiría.

Por su parte, Juan Sebastián Perilla, decano de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda, reconoció la gravedad de la situación, y dijo que este es un problema estructural que requiere de una profunda reforma, ya que en los últimos años los costos aumentaron mientras que los ingresos no, haciendo que la crisis financiera se agravara en las universidades públicas.

“Tiene que haber un acuerdo nacional y buscar nuevos recursos para la educación y de esa forma resolver el problema estructural de financiamiento que se está presentando. Nos han querido decir que ha venido aumentando y esto no es cierto, porque el sector está profundamente desfinanciado”, aseguró De Zubiría, quien destacó que es necesario una reforma estructural a la ley 30 para encontrar nuevas fuentes de financiación, en donde deben aparecer recursos de regalías, de nuevos tributos, entre otros.