El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Fernando Mora Arango, precisó los alcances del decreto expedido por el Gobierno Nacional para que exguerrilleros de las Farc presten servicio de escolta a algunos de sus excompañeros de filas.

La iniciativa forma parte de un paquete de decretos que expidió hace pocos días el presidente Juan Manuel Santos, en virtud de las facultades extraordinarias que recibió del Congreso para implementar los acuerdos de paz con las Farc.

“En el punto 3.4.7.4.3 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera, se acordó crear un cuerpo de seguridad y protección, de naturaleza mixta, integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la Farc-EP a la actividad legal…”, dice uno de los decretos firmado por el jefe de Estado.

Uno de esos decretos hace referencia a que desmovilizados de esa guerrilla puedan ser contratados por la UNP para la protección personal de nuevos integrantes del partido político que conformarán las Farc desde la legalidad.

Esta iniciativa fue duramente criticada por voceros del Centro Democrático, quienes dijeron que el Gobierno “debe explicarle al país” los alcances de esta decisión.

Por ello, el director de la UNP se refirió este lunes al tema. Dijo que “no todos los desmovilizados de las Farc” ingresarán a la entidad a cumplir esa labor de escolta, ni tampoco recibirán protección especial todos los desmovilizados, “solamente quienes la requieren y sus familias, después de un riguroso análisis de riesgo. Serán escoltas de confianza como ocurrió, por ejemplo, con el M-19”, señaló.

Los exguerrilleros que deseen ingresar a la UNP deben cumplir varios requisitos: tienen que haber sido amnistiados, lo que supone que no tienen procesos penales en curso ni condenas por delitos de lesa humanidad, haber entregado las armas, presentar y aprobar pruebas psicológicas y psicotécnicas, pruebas de polígrafo y una capacitación que dura poco más de dos meses.

“Ese decreto modifica la estructura orgánica de la UNP, crea la Subdirección de Protección y permite crear una planta adicional de hasta 1200 escoltas en la Unidad Nacional de Protección, pero no es que todos ingresen al tiempo sino que ese es el número que se estima se podrían necesitar en unos años para proteger a los desmovilizados y en algunos casos a sus familias”, explicó Mora Arango.

Estas personas, agregó el funcionario, recibirán una remuneración mensual de hasta 1,8 millones de pesos, incluidas horas extras y demás ingresos, y serán de libre nombramiento y remoción.

Si bien utilizarán armas de dotación suministradas por la Unidad, será de la misma dotación que tienen los demás escoltas de la UNP.

“La Unidad adquirió un armamento de marco Glock 45, diseñada para protección de acuerdo a estándares internacionales que están siendo utilizados por guardadas. Es un arma especial, de baja velocidad, es letal, lo que hace es tumbar al agredido con riesgo mínimo que traspase el agresor y pueda agredir a un tercero”, explicó.

Mora Arango señaló que el tema no es nuevo, sino que está incorporado al ‘Acuerdo Final de Paz’ con las FARC, y fue regulado por las facultades especiales que el Congreso le otorgó al presidente Juan Manuel Santos.