El fiscal General, Francisco Barbosa señaló que se le imputó cargos a siete soldados regulares que prestaban servicio militar en el Batallón de San Mateo, vinculados con el escabroso abuso sexual a una niña indígena, de 12 años, perteneciente a la comunidad Embera.

"A estos bandidos que mancharon la dignidad de una menor se les solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y se le imputó el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, seis de ellos en calidad de autor y uno como cómplice", señaló Barbosa.

El jefe del ente acusador, desde Cali, señaló que "esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos. No vamos a ceder en la defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes".

Barbosa señaló que en 72 horas, el ente acusador judicializó a quienes se adjudicaron el abuso de la menor. El hecho ocurrió en el corregimiento de Santa Cecilia, del municipio Puerto Rico, Risaralda, el pasado 22 de junio.

El fiscal del caso cuenta con 25 entrevistas hechas a uniformados del Ejército, el testimonio de la menor, de la hermana quien reportó su desaparición en su momento, así como testimonios de testigos, además de las pruebas practicadas por Medicina Legal.

Cabe mencionar que Barbosa señaló que por estos hechos, los soldados se pueden enfrentar a penas entre los 15 y 30 años de prisión. Los hombres quienes manifestaron cometer el atroz hecho estaban prestando servicio militar obligatorio y se encuentran en edades entre los 18 y 21 años.

El Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF) ha brindado ayuda psicosocial a la menor y su familia tras lo sucedido.  

Los hechos que no son conocidos en su totalidad, precisamente, porque se trata de una menor de edad causó consternación en el pueblo colombiano e incluso llegó a altas esferas como lo es el jefe de Estado, Iván Duque, quien reprochó categóricamente el suceso y señaló que si era necesario empezaría a implementar la cadena perpetua con este caso.

“A mí me duele que se señale a miembros de la fuerza pública de haber cometido una violación de una menor indígena, pero vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones y si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar con ellos y con cualquiera que quiera pisotear la dignidad de un niño, que quiera pisotear la transparencia de cualquier niño. Aquí en Colombia estamos unidos contra este tipo de delitos”, señaló el jefe de Estado.

¿Puede funcionar la cadena perpetua en este caso?

Si bien, el jefe de los colombianos reseñó que hará lo posible por buscar la verdad de lo ocurrido y en caso de encontrar irregularidades que todo el peso de la ley les caiga encima a los responsables, para el exfiscal Camilo Burbano esta teoría no es viable, por el momento.

“Para el caso que se esta debatiendo sobre la niña abusada por los soldados, resulta imposible aplicar la cadena perpetua. Hay una reforma constitucional que acaba de ser reformada por el Congreso, pero para que esa reforma pueda ser aplicada, obligatoriamente, se requiere una modificación al Código Penal”.

Tal modificación, según Burbano, aún no existe porque requiere un desarrollo legislativo posterior. “Mientras esa modificación al Código Penal no exista a ningún caso le puede aplicar la cadena perpetua”, argumentó.

Del mismo modo, reseñó que este caso, si bien, inicialmente, está enmarcado en una denuncia puesta en la justicia ordinaria, puede tener participación en tres jurisdicciones, la penal militar, la indígena y en la que está en curso.

“En primer lugar la justicia penal militar puede solicitar el caso o los abogados de ellos pueden pedir el caso si la Fiscalía lo tiene. En segundo lugar, la justicia ordinaria, en la medida en que en la Fiscalía inicia la investigación de oficio, y en tercer lugar, la jurisdicción indígena por ser una niña indígena y que el acto se hizo dentro de su territorio”, precisó Burbano.

Para el experto, las tres jurisdicciones podrían “pelearse” la competencia del caso. “Para mi es claro que la justicia penal militar no es competente porque el acto conlleva una violación a los derechos fundamentales que rompe con el servicio, y por lo tanto no puede ser pedida por esta instancia”.

Así las cosas, la discusión sería entonces entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. De acuerdo con Burbano, frente a la jurisdicción indígena, lo primero que tienen que hacer es que solicite el caso y en últimas, el tribunal que decide en donde se hará el seguimiento del caso es el Consejo Superior de la Judicatura.