Un rifirrafe en un grupo de Whatsapp terminó en los estrados judiciales de Bucaramanga, cuando un estudiante de noveno semestre de Derecho de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (Uniciencia) puso una tutela para exigir el reintegro inmediato a una comunidad virtual, después de que el administrador decidiera eliminarlo.

El lío empezó en agosto de este año, cuando una amiga le pidió a Elio Díaz Mantilla (el administrador) que agregara al grupo de Whatsapp Consultorio Jurídico a un compañero suyo, también estudiante de Uniciencia, llamado Mauricio Campos, al que nunca ha visto en persona.

La comunidad existe desde agosto de 2016 y no es un canal oficial de Uniciencia ni de la Facultad de Derecho, sino un grupo de estudiantes que fue creado por Díaz para discutir temas jurídicos y políticos y repartirse las responsabilidades del consultorio.

A pesar de que muchos integrantes del grupo y el propio administrador ya terminaron materias y están haciendo la judicatura, decidieron dejarlo activo porque creen que les puede servir en un futuro, cuando ya todos estén graduados.

Al principio, dice Díaz, el señor Mauricio Campos estuvo callado en el grupo, pero poco a poco se fue integrando a la conversación. Sin embargo, los comentarios del estudiante de Derecho no cayeron muy bien al resto de compañeros: según el administrador, Campos era irrespetuoso y usaba memes para burlarse de la opinión de los demás.

“En las reglas estaba dicho que el grupo era de libre opinión, que cualquiera podía decir lo que quisiera siempre y cuando respetara a los demás”, explica el estudiante bumangués. Así, el 9 de septiembre pasado, Díaz decidió sacar a Campos del grupo para evitar más trifulcas con los otros integrantes.

Campos le escribió a Díaz por un chat interno y le pidió que lo reintegrara inmediatamente al grupo. El administrador se negó y le explicó que el grupo Consultorio Jurídico es privado. “Así como yo lo agregué a usted por voluntad propia, así mismo yo lo elimino”, le dijo.

Entonces, Campos amenazó con interponer una acción legal -algo que el estudiante no creyó posible en ese momento-, y la notificación de la tutela le llegó días después (para acabar de ajustar llegó vía Whatsapp, a pesar de que las notificaciones siempre las envían a la dirección física del acusado).

La versión de Campos

La tutela que radicó el estudiante de Derecho en el juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga alega que por haberlo sacado del grupo de Whatsapp, Elio Díaz Mantilla vulneró sus derechos fundamentales a la “igualdad, debido proceso, libertad de expresión y buen nombre”. Esto dice el texto:

“El día 9 de septiembre del año en curso (Mauricio Campos) utilizó el canal virtual ‘Whatsapp’ del Consultorio Jurídico para dar una opinión sobre su pensamiento filosófico sobre diversos debates políticos y sociales que se están presentando en la universidad; sin embargo, el señor Elio Díaz Mantilla, al ver sus opiniones, resolvió, de manera arbitraria y discriminatoria, y sin un debido proceso, expulsarlo del grupo del consultorio jurídico del cual hace parte por derecho propio”.

En la tutela -un mecanismo jurídico consagrado en la Constitución para defender los derechos fundamentales de los colombianos- queda constancia además de que Camposenvió un derecho de petición a la Facultad de Derecho exigiendo que lo volvieran a meter al grupo de Whatsapp. No obstante, como no es un canal de comunicación oficial o institucional, la universidad no tenía velas en ese entierro.

La decisión de la juez

En la última página de las 14 que tiene el alegato, la juez Adriana Rivera Lizarazo denegó “la protección de los derechos fundamentales traídos por el señor Mauricio Campos”. Básicamente, le dijo a Elio Díaz que no es necesario reintegrar al estudiante a un grupo de Whatsapp creado por amigos y para amigos.

Pero las cosas no se quedaron ahí. El fallo de Rivera es una solución en primera instancia y Campos impugnó la decisión para que un segundo juez evalúe sus exigencias -cada año, los tribunales de Santander tienen que resolver alrededor de 50.000 casos, incluyendo las miles de tutelas de personas que necesitan tratamientos médicos no incluidos en el POS-.

Para Díaz, lo único que busca el estudiante es protagonismo: “me parece que es una cosa muy irrelevante para llevarla a los juzgados, que ya es están lo suficientemente congestionados. Además, Campos está llamando a los medios de comunicación para decir que yo lo estoy discriminando. Está afectando mi buen nombre y el de la universidad”.

La abogada Liliana Patricia Herrera, directora del Consultorio Jurídico de Uniciencia, reiteró que el grupo de Whatsapp de los estudiantes -“algo entre amigos”- y no una red social oficial de la universidad.

“La verdad no conozco la tutela en su totalidad. Pero pensaría uno que es una situación entre particulares, entre compañeros, que no amerita colocar un aparato jurisdiccional”, opina la experta y agrega: “si a uno lo quieren en un Whatsapp, ¡pues chao! Abra otro grupo y vincule a sus amigos”.

Según Herrera, lo que sí puede lograr esta tutela es crear un precedente en el ámbito jurídico y que otras personas intenten hacer lo mismo por la vía legal: “él impugnó, la decisión está en este momento en una segunda instancia. Así que tenemos un “continuará””.

¿Qué sigue ahora? ¿Una tutela porque “me dejaron en visto”?