Un operativo contra la explotación sexual de menores tuvo epicentro en Guainía, según informó la Fiscalía que reportó la detención de 18 personas, todas mayores de 55 años, entre quienes se cuenta un fiscal, un policía, un juez y dos profesores. Los capturados fueron procesados por proxenetismo con menor de edad, demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso abusivo y acceso carnal violento en menor de 14 años, uso de menores para la comisión de delitos, trata de personas agravada y estímulo a la prostitución en menor de edad, entre otros.

En poder de las autoridades hay por lo menos 40 denuncias en contra de esta banda que, de acuerdo con los testimonios, obligaba a las víctimas a consumir estupefacientes y, supuestamente, las intimidaban con el fin de obligarlas a vivir con los supuestos abusadores o para que trabajaran en hostales.

Las víctimas identificadas de esta banda tenían entre 12 y 16 años a quienes les ofrecían dinero o les hacían ofertas de comida, hospeda o transporte para inducirlas en diversas actividades sexuales.

“Interceptaciones telefónicas evidenciaron que los presuntos agresores compartían información sobre la condición socioeconómica de niñas y adolescentes de Inírida para contactarlas e intentar inducirlas, y referenciaban a quienes accedían a los ofrecimientos en especie o en dinero que oscilaban entre 15 mil y 50 mil pesos”, dice la Fiscalía.

Sobre los funcionarios judiciales detenidos se supo que el fiscal, al parecer, omitió las denuncias que llegaron a su despacho por estos hechos. También se investiga las aparentes amenazas que profirió en contra de familiares de las víctimas porque entregaron información de esta red a policías adscritos a la Sijín de Inírida.

El juez, por su parte, también sería el supuesto autor de intimidaciones a una de las tres víctimas que lo denunció.

Los investigadores encontraron que el intendente de la Policía que fue detenido se encargaba, aparentemente, de buscar niñas y adolescentes en bares, así como de coordinar actividades de explotación sexual.

Entre los capturados, la Fiscalía precisó que se encuentra “un hombre que durante ocho años habría contactado a menores de edad para explotarlas sexualmente con fines comerciales. 30 de las víctimas aseguraron haber sido abusadas por este hombre, quien viajó a Medellín para evadir las investigaciones”.