A sus cabezas les pusieron precio y uno ya fue asesinado. Los líderes negros que apoyan la sustitución de narcocultivos en el suroeste de Colombia fueron forzados a huir y a esconderse "como ratas" dentro de una casa.

"Empezamos a ser objetos de amenazas. Salimos del territorio el 26 de septiembre", evoca el dirigente Francisco Jácome en una entrevista exclusiva con la AFP en el puerto de Tumaco sobre el Pacífico, en el departamento de Nariño.

Sus problemas comenzaron con la implementación del pacto de 2016 con las Farc, la guerrilla comunista que dejó las armas para convertirse en partido.

Sobre todo, aseguran, por su respaldo al "punto 4" de ese acuerdo, que compromete a gobierno y rebeldes con la sustitución de cultivos de coca.

Son 13 los dirigentes que debieron abandonar sus fincas en Alto Mira y Frontera, a 50 minutos en vehículo de Tumaco. Hombres armados, a quienes temen identificar, los amenazaron públicamente y ofrecieron dinero por sus vidas. Por cada cabeza pagarían cinco millones de pesos (unos 1.500 dólares).

En Alto Mira y Frontera está "el mayor cultivo de hoja de coca del mundo", susurra Jácome, de 40 años y presidente de la junta comunitaria.

Descendientes de esclavos de minas de oro de Barbacoas, también en Nariño, los afrocolombianos recibieron por ley 25.000 hectáreas de tierra fértil en Tumaco. Hoy, 17.000 de ellas están sembradas de coca, la materia prima de la cocaína.

Amenaza fragmentada

El desarme de la guerrilla marxista desató en Nariño una lucha territorial que involucra a 15 grupos incluidos disidentes de las Farc, bandas de origen paramilitar y rebeldes guevaristas del Ejército de Liberación Nacional (Eln), según Christian Visnes, director del Consejo Noruego para los Refugiados (CNR).

También operan "otros grupos que no conocemos", afirma a la AFP.

Nariño concentra el 20% de las 146.000 hectáreas de coca en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo con 866 toneladas en 2016, según la ONU.

Dedicadas tradicionalmente a la pesca y al cultivo de cacao y palma, las comunidades negras terminaron enredadas en el negocio por los colonos cocaleros.

A principios de 2000 las Farc, que financiaron su lucha con el impuesto a los narcocultivos, asumió el control de Tumaco, un puerto fronterizo con Ecuador rodeado de manglares donde los ríos forman laberintos que facilitan la fuga.

Con 203.000 pobladores, Tumaco está en la mira oficial. A menudo caen laboratorios de coca, sumergibles para el tráfico y presuntos capos. Los campesinos cocaleros se oponen a la erradicación de sus matas porque, aducen, las alternativas que ofrece el gobierno no son igual de rentables.

A inicios de octubre seis de ellos murieron durante una protesta reprimida por la fuerza pública.

Jácome, que reemplazó a Genaro García, asesinado hace dos años, cree que el gobierno y el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) deberían estar al frente de la situación.

Ellos "se sentaron a negociar cómo iba a ser el proceso de sustitución o erradicación de la coca, y son los que deben dar la cara e ir a los territorios", reclama.

Los líderes comunitarios suelen ser los interlocutores ante los grupos armados y el Estado en el tema de los cultivos ilegales, y eso los "pone en una situación muy difícil", recalca Visnes. 

Deuda de sangre

Mientras tanto, los 13 sobrevivientes de la cacería se repliegan en una casa de Tumaco, apenas bajo la protección de tres policías que registran, en un libro de pasta negra, los nombres de los visitantes.

"Vivimos como ratas (...) Ni siquiera nos atrevemos a mirar por la ventana", describe Jácome. Las lágrimas asoman cuando recuerda a José Cortés, el portavoz de la junta comunal asesinado a balazos el 17 de octubre por un exceso de confianza. Tenía 38 años.

"Creíamos que el tema de las amenazas no era tan serio (...) y en algunos momentos, íbamos a nuestras casas a dormir y luego regresábamos", reconoce. Cortés hacía lo mismo porque creía que no le iba a pasar nada.

Ahora están encerrados con algunos familiares. Las luces de neón iluminan la casa por dentro. Incómoda, Luz Dari, una dirigente de 41 años, protesta: "El gobierno y las Farc tienen una deuda (...) con nuestros muertos. Demasiada sangre derramada en este territorio de viudas y huérfanos".

La alcaldía asumió su alojamiento y alimentación hasta el 26 de noviembre. ¿Y después? Ninguno responde. Las autoridades municipales declinaron hablar con la AFP.

Para el director del CNR, el acuerdo de paz no trajo "la paz inmediata" para Tumaco. Y lo más lamentable, agrega, es que era "predecible". Desde enero de 2016 han sido asesinados en Colombia 200 líderes sociales y de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo.