En el tercer aniversario de la firma del acuerdo de La Habana que abrió paso a la negociación con las Farc, el Gobierno controvirtió este miércoles con esa guerrilla porque se está oponiendo a las alternativas legales con las cuales se quiere implementar los acuerdos que salgan definitivamente de la mesa.

Una declaración en tal sentido emitió desde Cuba, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien destacó que “con las Farc hemos logrado acuerdos importantes para Colombia, no obstante, aún faltan temas cruciales”.

Uno de ellos es precisamente la forma en que se dará el desarrollo de esos compromisos pactados por las partes. En la mañana del miércoles, las Farc nuevamente volvieron a criticar y rechazar que la implementación se dé en una discusión en el Congreso de la República.

En la declaración señalaron que “no sobra advertir que toda iniciativa por fuera de la agenda pactada o de los acuerdos ya alcanzados, constituirían la mejor fórmula para echar por la borda, anticipadamente, el trabajo realizado de mutuo acuerdo por ambas partes en la Mesa y la seguridad jurídica que se le pretende garantizar al país y a quienes hoy tratan de dejar atrás el actual conflicto interno”.

Al respecto, De la Calle respondió al grupo subversivo que “las leyes se hacen como lo ordena la Constitución. El Gobierno actúa en la Mesa para lograr acuerdos. Pero corresponde a sus obligaciones constitucionales y su competencia soberana la búsqueda de los mecanismos para agilizar la adopción de las leyes que se requieran. La declaración de de las Farc confunde estas dos realidades”.

El jefe negociador insistió en que “en materia de desarrollos legales, el Gobierno viene buscando con el Congreso los mejores mecanismos para los desarrollos jurídicos necesarios a fin de cumplir lo que se convenga y hacerlo de la manera más rápida y eficaz. Esta es competencia exclusiva de los órganos del Estado. Las Farc han dicho hoy que la paz no se puede improvisar. Precisamente. Eso es lo que estamos buscando”.

Sin embargo, las críticas del Gobierno también se centraron a quienes han criticado las alternativas para ejecutar los compromisos.

“Confesamos que tenemos cierta frustración personal. Las diversas ideas para adelantar la puesta en marcha de los mecanismos que permitan llevar a la realidad lo convenido, se examinan con la única idea de evitar que ante la posibilidad del acuerdo final, quedemos todos en vilo, a la espera del cumplimiento de procedimientos constitucionales que son obligatorios”.

Señaló que lo que no es sensato es que “si por ventura logramos un convenio, tengamos que sentarnos largos meses a la espera de herramientas legales. Es difícil entender la oposición ciega a estos esfuerzos”.

Bogotá | Colprensa