Hasta la fecha, ese instrumento ha sido ratificado por Filipinas, Mauricio y Uruguay. Entrará en vigencia en Colombia 12 meses después de la fecha de su ratificación.

El compromiso que ha asumido el país lo obliga a adoptar medidas que aseguren la promoción y protección efectivas de los trabajadores domésticos, enfrentar los abusos sobre las jornadas de trabajo y al desconocimiento de los periodos de descanso semanal, salarios justos, seguridad social y derecho a la privacidad de quienes residen en el hogar donde ejercen su oficio.

Además, será obligatorio promover las libertades de asociación y sindical, el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso e infantil, la discriminación en materia de empleo y ocupación y la información completa sobre las condiciones de trabajo.

Para los menores de edad que desempeñan labores domésticas, Colombia deberá establecer las condiciones para que el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior.