Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia escribió una de las páginas más tristes y sangrientas de su historia: la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando armado del entonces grupo guerrillero M-19.

La acción representaba un ataque emblemático para la única guerrilla de operación urbana que ha existido en Colombia, demostrando una vez más su capacidad estratégica. Además se mostraba como un golpe mediático, característico del grupo armado.

Definido el plan, los guerrilleros llegaron en dos camiones a la sede del Palacio, algunos vestidos de civil, simulando ser abogados ingresaron por la puerta principal pasadas las 11:40 de la mañana; los demás por el sótano portando armas y provisiones para dos meses.

Asesinando a los dos guardias de turno, los guerrilleros cerraron las puertas del Palacio e hicieron rehenes a todos los presentes: 60 civiles y 11 magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Tras la toma del Palacio, el propio presidente de la Corte Suprema imploró al presidente Betancur a través de los medios de comunicación “cesar el fuego” y buscar una salida negociada con el M-19. Sin embargo, la orden presidencial nunca llegó.

Ante la falta de negociación, las investigaciones señalaron un golpe de Estado durante 18 horas, en las cuales los militares se tomaron el poder y recuperaron el Palacio a sangre y fuego, con el fatídico resultado ya conocido: 65 personas muertas, incluidos los 11 magistrados y 18 guerrilleros. Ante estos hechos, hoy tres décadas después, aún no hay claridad en varios aspectos. Esta semana fueron identificados tres desaparecidos.

Pocos años después los guerrilleros del M-19 fueron indultados, demostrando que sí existía una salida política al conflicto. Sin embargo varios militares están presos y condenados por la desaparición de las personas concentradas en la cafetería del primer piso. Además aún permanecen con su situación no resuelta el general que comandó el operativo de retoma, Jesús Armando Arias Cabrales, y el entonces director de la Escuela de Caballería, coronel Alfonso Plazas Vega.

Cuando se conmemoran treinta años de la toma del Palacio de Justicia, aún falta elaborar y colocar, en el patio del edificio, una estatua del general Francisco de Paula Santander, y algunas otras obras de arte.

En el patio apenas está la losa de granito rojo sobre la cual descansará la imagen del ‘Hombre de las leyes’. Y, todo indica que así seguirá por un buen tiempo, pues el dinero para la construcción de la estatua deberá provenir de la venta de una estampilla cuya emisión fue autorizada por el Congreso hace nueve años, pero que aún no ha salido a la luz.

El pasado edificio del palacio se desarrolló en los años 60, en pleno auge de la tendencia modernista. Era una edificación revestida en piedra y con muy poca relación con el exterior. Para la construcción de la edificación actual los arquitectos liderados por Roberto Londoño, pensaron ceñirse a las nuevas tendencias arquitectónicas, marcadas ahora por el comienzo del posmodernismo.

El arquitecto Tito Ramiro Peralta Martínez dice que el único sobresalto que sufrieron durante la construcción del Palacio ocurrió en 1991. Después de la Asamblea Constituyente de ese año, los notificaron de que, además de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, el Palacio también albergaría a la recién creadas Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

Del antiguo Palacio solo quedan dos objetos: la piedra sobre la cual está grabada la frase de Santander: “Colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad”, que fue reparada e instalada en el frontón que da a la Plaza de Bolívar, y otra piedra con una antigua leyenda: “Esta casa aborrece la maldad - Ama la paz – Castiga los delitos – Honra la virtud.

Hoy en día los empleados del Palacio son unas 1.400 personas, de las cuales 288 son magistrados titulares y auxiliares. Además, todos los días ingresan al edificio entre 300 y 400 personas.

*Bogotá | Colprensa