Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los exjefes guerrilleros Julián Gallo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Rodrigo Granda, Óscar Úsuga Restrepo y Jesús Mario Arenas entregan el informe de su versión colectiva sobre lo ocurrido en los secuestros cometidos por esa exguerrilla y que la JEP analiza en el expediente conocido como 001. 

Londoño Echeverry, conocido como Timochenko y quien fuera el máximo jefe de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dijo que el escrito es una forma de acercarse a las víctimas en aras de pedirles perdón. “El documento intenta responder a la Sala las preguntas formuladas por los magistrados y contó con la participación de los acá comparecientes”. 

Los interrogantes que plantearon los magistrados buscaban responder interrogantes como ¿cómo se adoptó la decisión de retener civiles y miembros de la Fuerza Pública?, ¿cuál era la finalidad?, ¿cómo se tomaba la decisión de qué personas se debían mantener cautivas?, ¿cuántas personas estuvieron cautivas?, ¿cuáles fueron las órdenes respecto al trato y cómo se controlaba? y ¿en qué circunstancias terminaron los cautiverios con el asesinato o muerte de las víctimas?, entre otros cuestionamientos. 

Por cuenta del caso 001 algunas de las víctimas del secuestro entregaron su versión el año pasado y contaron los malos tratos que recibían por cuenta de sus carceleros. Desde Alan Jara hasta Ingrid Betancourt, pasando por el general (r) Luis Mendieta hasta Óscar Tulio Lizcano narraron los horrores sufridos tras varios años en la selva. 

Posteriormente, fueron llamados a comparecer 31 exjefes guerrilleros, lo que dio pie para que empezar a abrir los primeros incidentes de incumplimiento en contra de los firmantes al pacto de La Habana. El documento que entregaron los exFarc en la mañana de este lunes es la continuación de las versiones individuales que entregaron. 

Timochenko enfatizó que “reconocemos la existencia de las retenciones a civiles llevadas a cabo por nuestra organización y asumimos nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a víctimas y familias de esta desafortunada práctica”. 

Precisó ante los magistrados que el documento no agota el compromiso de aportar verdad plena y que en caso de que la Sala requiera ampliación de algunos de los puntos que se analizaron en el informe están dispuestos a extender su versión. 

“El documento intenta resolver las preguntas formulados por la Sala y allegadas por las víctimas. Este informe es fruto de un largo proceso de recopilación y se realizó tras múltiples reuniones y entrevistas en espacios territoriales, y con la participación de quienes fuimos integrantes del último Secretariado de las Farc EP”, sostuvo. 

En su intervención, el jefe máximo del partido FARC reiteró su perdón a quienes fueron víctimas de esta práctica durante el conflicto y reveló que con las tristemente célebres leyes 002 (impuesto para la paz) y 003 buscaron darle “forma” a su política de retenciones y que pretendían que estos hechos no se desbordaran. 

“Las dinámicas de guerra y nuestra condición de ejército irregular nos impidieron controlar estas normas y que se cumplieran a cabalidad”, añadió.

En uno de los apartes del documento se narra cómo se ejecutaron los secuestros con fines económicos y el de figuras de la política que tenían como objetivo buscar un canje humanitario. 

“Sin lugar a dudas, daremos las explicaciones necesarias que conduzcan al esclarecimiento de la verdad, a la reparación que esté en nuestros manos proporcionar con certeza y no cesaremos en el esfuerzo de entregarlo todo por la reconciliación de la sociedad colombiana”, indicó. 

Lo que pidió la Procuraduría

Durante el acto de la entrega, Mónica Cifuentes, en representación de la Procuraduría, celebró la entrega del informe, pero elevó una solicitud para que se esclareciera lo ocurrido con personas que murieron durante el secuestro. 

“El Ministerio Público ha venido trabajando en un informe detallado (…) hemos cruzado la información de las bases de datos del Gaula de la Policía, de Fondelibertad, de País Libre, del extinto DAS y de la Fiscalía y hemos encontrado 522 casos de ciudadanos muertos en estas circunstancias”, anotó la delegada de la Procuraduría. 

Cifuentes manifestó que con la entrega de la petición lo que buscan es hacer un trabajo conjunto para ubicar a estas personas en aras de recuperar sus restos para hacer una entrega digna a sus familiares. 

Sobre este particular, la magistrada Julieta Lemaitre recordó que existe un trabajo entre la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas y los comparecientes para dar con el paradero de los restos. 

“Podemos coordinar con la información que usted provee hoy y el plan de búsqueda que adelanta la Unidad y el caso 001”, concluyó Lemaitre.