La Fiscalía General de la Nación retiró el principio de oportunidad otorgado al abogado Álvaro Enrique Burgos del Toro, testigo clave en la investigación por un caso de corrupción ocurrido en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba, luego de que el indiciado hiciera público su deseo de no declarar en el proceso.

Burgos, quien señaló de incurrir en el desfalco al senador del partido de La U Armando Benedetti, indicó en una carta de tres páginas su intención de no asistir ante la Corte Suprema de Justicia para reiterar las acusaciones hechas al parlamentario, dado que según él, la Fiscalía lo habría “engañado” para llegar al acuerdo.

“Debo manifestar que me siento engañado por el ente acusador y de ninguna manera aceptaré los términos de ese principio de oportunidad, del cual no tengo beneficio alguno, si bien es cierto que en algún momento fue planteado por el fiscal Quinto Delegado la posibilidad de una inmunidad parcial, nunca se me explicó con claridad que los delitos por los cuales me continuarán investigando, con lo cual, me significan prácticamente la misma sanción en el allanamiento de todos los cargos, (…) Mi libertad era un pilar fundamental de mi disposición a acogerme al principio de oportunidad“, señala el abogado en la misiva dirigida a la Fiscalía.

El abogado le pidió a la Corte Suprema de Justicia no tener en cuenta las declaraciones que él rindió anteriormente ante el ente investigador y que fueron compulsadas ante ese tribunal para que se iniciara una investigación al senador Benedetti.

“Todas esas declaraciones se encuentran viciadas por el engaño del que he sido víctima y deben ser excluidas de cualquier proceso que se adelante por estos hechos”, señaló.

Ante esto, el ente investigador le pidió al Juzgado Primero Promiscuo de Lorica (Córdoba) retirar la audiencia en la que se daría legalidad al acuerdo entre la Fiscalía y Burgos, sin embargo, aun el ente investigador no ha establecido si la compulsa de copias al senador Benedetti sigue en firme.

¿Qué investiga la Fiscalía en este caso?

En octubre de 2015 la Fiscalía capturó a un grupo de abogados y funcionarios judiciales, quienes presuntamente a través de procesos ejecutivos laborales lograban el cobro de dinero, que se hallaba en una entidad bancaria.

La investigación, adelantada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, señaló que entre 2010 y 2012 se tramitaron irregularmente en el Juzgado Civil del Circuito de Lorica (Córdoba) varios procesos con poderes falsos, así como también resoluciones supuestamente expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba reconociendo ajustes pensionales a docentes, también falsos, y resoluciones de la Secretaría de Educación Municipal sin cumplimiento de los requisitos de la Ley 962 de 2005.

Según la Fiscalía, los casos llegaban al Juzgado Civil de Lorica, y una serie de abogados y otros funcionarios, con documentos falsos, emprendían el reconocimiento y pago de pensiones ante ese despacho, que hizo pagar una suma aproximada a los 80 mil millones de pesos al Estado.