La versión de la sociedad Las colinas de Guasca, propietaria de la finca de la familia del embajador de Colombia ante Uruguay, Fernando Sanclemente, donde fue hallado un complejo cocalero, apunta a que ninguno de los administradores y socios “tuvo conocimiento o relación” con el hecho.

Así lo explicaron en un comunicado difundido este fin de semana en el que además sostienen que “que el predio de 176 hectáreas es mayoritariamente ondulado y cuenta con un amplio bosque de pinos donde los narcotraficantes operaban camuflados con la aparente complicidad de al menos dos trabajadores de la finca, según primeras informaciones”.

El laboratorio estaba compuesto por tres estructuras en las que se fabricaba mensualmente 1.8 toneladas de la droga, según lo dicho por la Fiscalía durante la imputación de cargos a los cinco detenidos.

Los socios de la propiedad agregan que desde 2017 le alquilaron “una parte del terreno a unos reputados cultivadores de papa y cebolla”. Sin embargo, no aportaron nombres o documentos de los supuestos arrendatarios.

Por este hecho se les dictó medida de aseguramiento a C.A. Gómez Vanegas, I. Castillo Gómez, J. J. Morales Zambrano, G. Bohórquez Daza y P. E. Castillo Perilla a quienes les imputaron tráfico, porte y fabricación de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de estupefacientes. A Castillo Perilla, además, le endilgaron el cargo de porte de armas ya que durante la operación de la Dijín le hallaron un revólver calibre 38 con el serial limado.

Ninguno aceptó los delitos relacionados con narcotráfico, pero Castillo aceptó responsabilidad por la tenencia del revólver.

El comunicado de la sociedad finaliza señalando que se consideran víctimas de esta actividad y que buscarán acreditarse como tales en el proceso judicial.