La muerte de ocho campesinos cultivadores de hoja de coca en Tumaco, en acciones aún por esclarecer, es la evidencia de la tensión que ha venido creciendo en el país frente a la erradicación de cultivos de uso ilícito, que ha generado enfrentamientos entre campesinos y Fuerza Pública.

En Caquetá, Sur de Bolívar, Nariño, Catatumbo, Cauca, Meta, Córdoba y Guaviare, los labriegos se encuentran en alerta máxima ante la presencia de la Fuerza Pública, en zonas de cultivos de uso ilícito, porque tienen la orden de erradicar, a como dé lugar, para cumplir la meta propuesta por el Gobierno antes de que acabe el 2017: desaparecer 100.000 hectáreas de hoja de coca en 26 municipios de seis departamentos.

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Precisamente, ante los hechos ocurridos en Tumaco, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca (Cocacam) emitió un cominicado en el que señala que fue la policía la que atacó de forma indiscriminada a los campesinos que estaban protestando.

Alberto Osorio, coordinador de la seccional dos de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamaco, Aheramigua, afirmó que en el municipio Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la situación es compleja ante la falta de un Acuerdo con la Fuerza Pública que está erradicando y los campesinos que están dispuestos a la sustitución de cultivos de uso ilícito.

“Estamos planteando manifestarnos el próximo 23 de octubre ante los incumplimientos del Gobierno. Lo que preocupa es que al campesino le están quitando el sustento, pero no llegan con proyectos productivos”, dijo Osorio.

Este líder campesino es claro en afirmar que los cultivadores están dispuestos a sustituir, pero a cambio deben tener un mercado asegurado para los nuevos productos y carreteras para sacarlos al comercio.

Se violó el acuerdo de paz

La lectura de Luz Perly Córdoba, integrante de la Comisión Política de la Coca, Coccam, frente a lo sucedido el jueves en la vereda Llorente, en Tumaco, es un incumplimiento a lo acordado entre el Gobierno y las Farc en Cuba.

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Dice la líder que la muerte de los ocho campesinos y las lesiones causadas a otros 52 es “una violación flagrante al Acuerdo de Paz. Según lo dispuesto, después de que se haya dado la oportunidad al agricultor de cambiar los cultivos, al que se quiera continuar con la mata de coca sí le podrían erradicar. Aquí eso no ha pasado, por el contrario, ellos firman el Acuerdo para dejar la hoja de coca y al otro día llegan los Policías a quitar la mata”.

Córdoba asegura que en regiones como Guaviare, sur del Meta, Cauca y Caquetá esta situación ya pasó los límites “y la gente está lista para salir a pelear por su sustento si llegan a erradicarle”.

Se trata entonces de una situación en la que ha venido escalando la tensión y hechos como el ocurrido en Tumaco, del que por ahora existen más dudas que certezas, podrían darse en otras regiones, pues se conjugan la necesidad del Gobierno de cumplir la meta de erradicación, con la promesa de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Gobierno mantuvo su teoría

Un día después de la muerte de los ocho labriegos, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con la cúpula militar en la Casa de Nariño para tomar medidas y mantuvo su posición de que el autor del ataque a los cultivadores fue un grupo de disidencia de las Farc, comandando por alias Guacho, un ciudadano ecuatoriano identificado como Wálter Patricio Artízala Vernaza y que según datos entregados por Inteligencia Militar a El Colombiano desertó de las Farc en 2016, tiene 50 hombres bajo su mando y fue reclutado en el 2007 por alias Alexis.

“Tenemos identificado que Guacho fue organizador de masas, jefe financiero, explosivista, y además tiene amplia experiencia en la comisión de acciones terroristas”, dice el investigador. Por “Guacho” el Gobierno ofreció una recompensa de 150 millones de pesos.

Santos expresó su total confianza y respaldo a la Fuerza Pública, aseguró que conoce a los soldados y policías de Colombia y está seguro que ellos “no disparan contra civiles, son hombres bien entrenados. Sin embargo, estamos investigando”.

De la reunión del Jefe del Estado colombiano con los altos mandos militares salió la propuesta de crear centros estratégicos operacionales para monitorear el comportamiento de los cultivos de uso ilícito. Uno de ellos operará en Tumaco donde las plantaciones de coca en 2016 fueron de 23.148 hectáreas cultivadas según el último censo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc.