A finales del año pasado, un laudo arbitral de la Cámara de Comercio a favor del Estado colombiano mandó a Telefónica y Claro a pagar $4,7 billones (de los cuales Claro pagará $3,1 billones) a la Nación. Debido a eso, la firma española, dirigida por Fabián Hernández, decidió interponer una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), organismo del Banco Mundial, con el apoyo del despacho internacional White & Case. 

Cabe recordar que el lío de las empresas con el Estado colombiano arrancó el 28 de marzo de 1994 cuando se suscribieron los contratos iniciales de telefonía celular con seis operadores, que luego se consolidaron en dos (Movistar y Claro). Estos contratos tenían una duración de 10 años, plazo que se prorrogó por diez años más, teniendo como fecha de terminación en 2014. 

El panorama cambió y generó esta discusión legal debido a que el 16 de enero de 1998 se expidió la ley 422 la cual definió que en los contratos de concesión de telefonía móvil celular solamente se revertirá al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas, sin hacer referencia alguna sobre los contratos vigentes al momento de entrada en vigencia de la ley. 

A partir de esa nueva normativa, arrancó un proceso entre el MinTIC y la Nación por la reversión de los activos, que finalmente fue fallado por la Cámara de Comercio a favor del Estado colombiano.