El exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial Para la Paz, Néstor Raúl Correa, fue suspendido este lunes durante cinco meses por la Procuraduría, que encontró que el exfuncionario se extralimitó en sus funciones al haber otorgado más de cuatro autorizaciones para salir del país a excombatientes de las Farc. 

En octubre pasado, el Ministerio Público llamó a juicio al exfuncionario de la justicia transicional para que explicara el motivo por el cual concedió permisos incluso después de que perdió su competencia para desempeñar funciones jurisdiccionales, es decir, el 15 de enero de 2018, momento en el cual empezaron a funcionar las Salas de Justicia de la JEP. 

En ese entonces, la Procuraduría dijo que Correa concedió permiso a Luis Ermides Bocanegra Olmos el 18 de enero de 2018 para salir del país hacia España entre el 30 de enero y el 30 de mayo. 

Del mismo modo, el Ministerio Público pretendía estudiar el permiso que le fue otorgado a Hugo Ancizar Pérez Muñoz quien fue beneficiario con dos aprobaciones: Una concedida el 1 de marzo de 2018 para viajar entre el 5 y el 30 de marzo a Ecuador y otra previa para viajar entre el 1 y el 20 de febrero. Según el Ministerio Público, sobre estas dos peticiones no existieron soportes escritos. 

Igualmente, el procurador delegado dijo que estudiarían por qué se le concedió permiso a Fernando Arellán Barajas, quien el 8 de marzo de 2018 recibió autorización para salir del país entre el 23 y el 29 del mismo mes rumbo a Islas Margarita (Venezuela); así como a Andrés Mauricio Zuluaga Rivera, quien el 22 de marzo recibió el visto bueno para viajar del 4 de abril al 14 de mayo de 2018 a España. 

En la lista de permisos también reposaba el nombre de Gustavo Joanis Bedoya Matinés, a quien el 23 de marzo le aprobaron viajar desde el 26 al 30 de mayo; asimismo el Ministerio Público estudió por qué se le concedió permiso a Israel Alberto Zúñiga Iriarte, el 2 de abril de 2018, para viajar a Ecuador entre el 2 y el 5 de abril, y por último se conoció el permiso de Pastor Lisandro Alape Lascarro, a quien el 2 de abril el autorizaron un viaje que comenzaba ese mismo día y culminaba el 5. 

En ese entonces, la Procuraduría estimó que “con su proceder el investigado violó varias normas de la Constitución, la ley y el Código Disciplinario Único, entre las que se destaca una transgresión del principio de moralidad “que debe abrigar la función administrativa, pues es claro que a los servidores públicos les está prohibido ejercer sus funciones en forma contraria a la prevista en la ley”.