El procurador Fernando Carrillo anunció que durante las últimas semanas se ha registrado una “avalancha de corrupción” en el país en razón a las contrataciones realizadas en el marco de la contingencia decretada por cuenta de la pandemia de COVID-19. 

El Ministerio Público citó a audiencia de juzgamiento disciplinario a la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones. 

En este caso investigan un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio, y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, a través de la Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de la celebración del contrato.

Lea además Señalan presuntos sobrecostos en contrato de Imsalud, en Cúcuta

También fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. 

El convenio fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19. Al gobernador, el Ministerio Público le reprocha la presunta violación al principio de planeación y de transparencia.

En otro proceso, también contra el gobernador de Arauca, se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar, de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea, al gerente de Contratación, Heivind Palomino, y al coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.

También llamaron a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo.

Además de esto, el órgano de control abrió investigación contra el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, a quien suspendió por tres meses y se solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de $2.000 millones, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por la COVID-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.

El órgano de control también investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.

La Procuraduría advirtió, en este caso, un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia. 

Otra de las decisiones, es la apertura de la investigación al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.

Para el caso del alcalde de Calarcá, en Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón, el procurador ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por tres meses por presuntas irregularidades en un contrato de $396.951.000.

A la investigación también fueron vinculados el subsecretario Administrativo de Calarcá, Gesner Arneth Rengifo Arias; la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Laura Estefanía Arenas Arias, y la secretaria de Servicios Sociales y Salud, Natalia Vannesa Castillo Martínez.