La Superintendencia Nacional de Salud ordenó medidas cautelares de cesación provisional contra las EPS Medimás, Coomeva, Savia Salud, Comparta, Ambuq y Convida, para que resuelvan inmediatamente las 14.130 peticiones, quejas y reclamos que tienen desde enero de 2019, con respecto a la autorización y entrega de medicamentos, la prestación de todo tipo de servicios y los tratamientos a pacientes de alto costo.

Asimismo, la entidad obligó a estas EPS a que remitan un plan completo que evidencie el cumplimiento de las órdenes y a demostrar los resultados efectivos que garanticen de manera inmediata la respuesta a estos casos, los cuales fueron radicados a lo largo de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. Muchos de ellos se clasifican dentro de la categoría de “riesgo de vida”, es decir que requieren de atención inmediata, no mayor a dos días hábiles.

Las EPS Medimás y Coomeva concentran el 79% de las quejas que deben ser atendidas con inmediatez con 7.248 y 3.861 quejas respectivamente, seguido de Convida con 1.052, Savia Salud con 695, Comparta 579 y Ambuq 695.

“No vamos a permitir que los derechos de los usuarios sean vulnerados, más si tenemos en cuenta la emergencia sanitaria que atravesamos; aquí las EPS tienen la responsabilidad de garantizar, no solo durante esta situación sino de manera continua, una atención en salud en términos de disponibilidad, oportunidad, accesibilidad y calidad y para quienes no cumplan seremos implacables con las sanciones”, aseguró el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.

Además, las órdenes proferidas obligan a que, de manera inmediata, sean resueltas las dificultades identificadas por el ente de control, relacionadas fundamentalmente con la entrega de medicamentos y las barreras de atención a pacientes de alto costo.

“Es inaceptable que los usuarios tengan que seguir padeciendo dificultades para acceder a los servicios de salud; todas las EPS tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud y más tratándose de usuarios con protección especial como es este caso”, afirmó el Superintendente.

Aparte de cesar las barreras administrativas que dilatan o niegan los servicios requeridos, las Empresas Promotoras de Salud deberán remitir un plan completo que evidencie el cumplimiento de las órdenes de la Superintendencia.

“Estamos comprometidos con terminar los abusos a los que son sometidos los usuarios cuando requieren atención digna, seguiremos utilizando las medidas de control necesarias cada vez que identifiquemos vulneración de los derechos en salud”, aseguró.

Finalmente, el funcionario advirtió que, de incumplir las instrucciones del ente de control, serán investigadas administrativamente.