La Procuraduría General solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud adoptar medidas que garanticen la prestación de servicios de salud a pacientes no COVID-19 a nivel nacional.

En una carta dirigida al superintendente, Fabio Aristizábal Ángel, el ente de control alertó sobre el aumento de las quejas interpuestas por retrasos en las autorizaciones, demoras injustificadas en la entrega de medicamentos y la falta de oportunidad en la asignación de citas médicas para atender a pacientes con enfermedades cardiovasculares, renales, diabetes y cáncer, entre otras.

El Ministerio Público señaló que la estrategia de salud adoptada para afrontar la pandemia generada por el virus no debe ser excusa para la desatención de pacientes con otras patologías, que podrían convertirse en las principales razones de mortalidad en población de especial protección, como adultos mayores y/o menores de edad, y reiteró, que no se puede permitir que los derechos a la vida y salud de los ciudadanos con enfermedades crónicas sean vulnerados.

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Así mismo, solicitó que de manera urgente se adelante un plan de seguimiento a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud-EAPB-, que permita analizar y verificar las autorizaciones emitidas, departamento, patologías y citas por especialista; número de quejas y plazos perentorios para la resolución de las inconformidades, y el seguimiento a la entrega de medicamentos a domicilio.

Para la Procuraduría es indispensable que se adelanten acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), tendientes a evitar que se incrementen este tipo de prácticas en contra de la población no COVID-19, y a reconocer y mitigar los riesgos en materia sanitaria a los que eventualmente podría estar expuesta la población residente en el país, en caso de que la actual situación de salud pública se agrave.