Sumar gente para vigilar y luchar contra la corrupción es el mensaje que dejó en Manizales el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, después de la audiencia pública del miércoles. 

Vino a escuchar a la comunidad y a anunciar que este organismo abrió procesos a entidades locales como la Asociación Cable Aéreo, de la Alcaldía de Manizales, que enfrenta ahora una indagación preliminar por supuesta nómina paralela, irregularidades contractuales y presupuestales, pago de salarios de personal no autorizado y autorización de pólizas de responsabilidad civil extracontractual con amparos insuficientes. 

También abrió una investigación disciplinaria a nueve personas, entre ellas tres exfuncionarios de la Administración de Jorge Eduardo Rojas y un exdirector de Corpocaldas por presuntas irregularidades en el diseño, ejecución y autorización del Plan Parcial La Aurora, que podría haber afectado la zona de amortiguamiento de la Reserva Forestal Protectora de Ríoblanco. 

De Aerocafé dijo que adelantan dos procesos relacionados con fallas disciplinarias por la selección de contratistas, y que cree que en dos o tres semanas habrá decisiones de fondo. “Estamos poco a poco entrándole a los toros en materia de corrupción”, le indicó a LA PATRIA en entrevista, en la que también habló de temas de interés nacional. 

Sobre Hidroituango 

¿Anunció que investigará responsabilidades eventuales, qué ha pasado? 

Decidimos trabajar primero en favor de las comunidades, porque pueden ser unas 17 mil o 20 mil personas involucradas en un eventual desborde de la presa. Pero ante la crisis ambiental que se vivió en los últimos días, que es muy grave, le pedimos al presidente Duque la posibilidad de decretar una emergencia ambiental, pues cuando se seca un río es prácticamente irreversible. Por ahora decidimos abrir una investigación disciplinaria únicamente para esta crisis, contra todas las personas que intervinieron en la toma de decisiones. 

La misma empresa dice que ha sido transparente, pero parece que tampoco lo es por las quejas del gobernador que también es de la misma Junta. 

Así es, y creo que es dramático. Hay que ser excesivamente prudentes y todos queremos que ese proyecto salga adelante, pero ha habido mucha imprevisión y esto ha llevado a la improvisación. Esto se sustenta en análisis técnicos de los que se concluye que todavía el control de la presa y de todas las situaciones sociales, ambientales y de vida de las personas no están bajo el control de la empresa. Además creo que ya lo corporativo se desbordó, se convirtió en tema de interés público; donde además está de por medio la oferta energética y la repercusión sobre las tarifas energéticas del país ante la imposibilidad de entregar la obra en el plazo previsto. 

¿Qué otras medidas tomaron? 

Le pedimos a la Superintendencia de Sociedades que ponga en marcha herramientas para intervenir y controlar la Sociedad, porque creemos que hay decisiones corporativas y técnicas que se tomaron y deberían estar sometidas al control del Gobierno Nacional. Un problema departamental terminó siendo regional y hoy en día es nacional porque involucra a cuatro departamentos. Hay afectación de todo el ecosistema y vale la pena tener muy claro cuál es el escenario futuro de control, y que se le permita al país tener muy claro qué fue lo que pasó, qué está pasando y cuáles son los escenarios de futuro para solucionar ese problema. 

¿Cuánto tiempo tardará la investigación de la Procuraduría General para mostrar resultados? 

Esperamos que sea rápido. Con las decisiones técnicas, desde el punto de vista probatorio, es bastante difícil. No puedo incriminar disciplinariamente a nadie sin pruebas sólidas. La audiencia del 27 de este mes en Medellín, con todos los actores, ayudará a clarificar mucho el escenario. Será una rendición de cuentas ante la propia ciudadanía que estará allí sentada. 

Prioridad ambiental 

Dice que las corporaciones autónomas regionales del país han sido inferiores en la protección de lo ambiental, ¿cómo está la de Caldas? 

Anunciamos, en el caso de la Reserva Forestal Protectora Ríoblanco, la apertura de investigación disciplinaria por la concesión de las licencias, que es un tema de las alcaldías, pero en el que las corporaciones juegan un papel preponderante. Uno no puede sostener que las corporaciones autónomas son un convidado de piedra en las licencias ambientales, tienen un rol protagónico. No es un secreto para nadie, las corporaciones autónomas regionales están politizadas en todo el país. Son el coto de caza de los grupos políticos, porque saben que en los planes de Ordenamiento Territorial hay una mina de oro, que no me canso de repetir es la gallina de los huevos de oro de la corrupción de mandatarios de elección popular que han cifrado el cambio del uso del suelo y el volteo de tierras como herramienta fundamental para el enriquecimiento indebido. Seguimos convencidos, y lo hablé con el presidente Duque, que hay que hacer un gran debate nacional sobre el futuro de estas corporaciones. 

Pero se esculcan muchas cosas, se denuncia y es frustrante porque nunca sale nada de ello a través de los organismos de control. 

He llegado a la conclusión que son más efectivas las sanciones sociales que las legales, es la condena de la comunidad por este tipo de actos. Estamos acabando de pulir una herramienta de transparencia, con cooperación internacional, que es un mapa de riesgos de corrupción con variables de cada entidad pública de los departamentos, que ayudará al trabajo, pero hay que hacer alianzas para que entre todos combatamos la corrupción, ante todo en lo preventivo, no solo trabajar en el cadáver de la corrupción. Lo otro es que aquí también tiene que haber acciones de la Fiscalía, porque hay investigaciones con las que nunca pasa nada, como lo dijo la gente en la audiencia pública en Manizales. 

Sin política 

El columnista Felipe Zuleta le preguntó si usted tiene aspiraciones presidenciales, ¿es cierto? 

Eso no tiene razón de ser. Soy quien tiene que disciplinar a los funcionarios públicos por intervenir en política, esto a raíz de lo que dijo el señor canciller (Carlos Holmes Trujillo, de lanzarse como candidato a la Presidencia en el 2022). Eso es un distractor de la función pública, los funcionarios judiciales no están para hacer política. Digo en la Procuraduría, o hace política o hace justicia, pero las dos al tiempo es una locura. Funcionario o servidor público que quiera hacer política, que se largue de la Procuraduría, porque en la Procuraduría no se hace política, como era tradicional allá. 

¿Este año qué medidas va a expedir la Procuraduría para evitar delitos electorales? 

En la campaña presidencial, por ejemplo, desplegamos por todo el país una comisión de control electoral. Hablé con la nueva presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, que viene de la Sala Electoral, y vamos a armar una especie de bloque de búsqueda de violación de normas electorales en todo el país, y fue un poco lo que pusimos en marcha en la campaña presidencial. Esto lo haremos para ver violaciones de normas como publicidad política ilegal, utilización de espacio público ilegal y después llegar a lo grande, que es la financiación de las campañas electorales. 

Ojo a las víctimas 

“Salimos de la audiencia de Manizales con el compromiso de que venga la delegada de la Unidad de Víctimas próximamente. No sabía el volumen de víctimas en Caldas y eso nos lleva a actuar inmediatamente, porque está demostrado que la mayor cantidad de víctimas está en el oriente de Caldas. Se tendrá que pensar en hacer algo acá, porque la desatención es algo dramático. El promedio de atención en todo el país llega al 12%, en lo que se tendrá que pensar en el país es en una prórroga o una nueva ley, porque estamos a punto de que se venza la Ley de Víctimas en Colombia, nos quedan dos años y medio y con un nivel bajísimo de ejecución y cumplimiento”.