El caso de Ómar Ambuila, esposo de Elba Chará y padre de Jenny Lizeth Ambuila, a quienes el Juez Quinto Penal del Circuito de Cali dio libertad por vencimiento de términos la semana pasada, puso sobre la mesa la discusión de este tipo de prácticas en la justicia colombiana.

Incluso, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, pidió levantar la suspensión de términos que se ha presentado en distintos momentos del aislamiento preventivo, puesto que muchos de los procesos penales están corriendo como si no estuvieran suspendidos y abogados defensores están aprovechando para solicitar la libertad de los acusados.

Pero, el caso de la familia Ambuila (procesados por un presunto acto de corrupción dentro de la Dian en Buenaventura), que generó revuelo la semana pasada en Colombia, solo es uno de los tantos que ha tenido vencimiento de términos dentro de la justicia del país.

El año pasado, por ejemplo, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, investigado por el entramado de corrupción denominado ‘Cartel de la Toga’, también salió en libertad bajo la garantía de vencimiento de términos.

Otro de los hechos que generó revuelo en el país fue la libertad bajo las mismas condiciones del expresidente de Reficar, Reyes Reinoso, apresado por el desfalco de la entidad.

También está el caso, del 27 de abril pasado, de Juan Valderrama, feminicida de la chilena Ilse Ojeda, cuya abogada pidió la liberación del hombre por vencimiento de términos, sin embargo, liberarlo a pocos días de conocer el preacuerdo con la Fiscalía no fue una opción para un juez de Bucaramanga, que lo envió a prisión.

Para el abogado penalista Edgar Ibarra, la libertad por vencimiento de términos es “una expresión clara del artículo 29 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.

A su vez, Juan David Castillo, también abogado penalista, planteó que la figura de vencimiento de términos es un castigo para el Estado porque desde las convenciones internacionales existe un plazo razonable para poder adelantar los juicios.

“Quince años atrás lo que sucedía era que una persona estaba privada de la libertad durante el juicio y podía estar muchos años sin avance alguno de sus casos, entonces el vencimiento de términos le pone como un freno a que los jueces, los fiscales, es decir, el Estado no se puede demorar una cantidad de tiempo en un juicio y las personas mientras tanto presas”, afirmó Castillo.

El abogado Castillo mencionó que esta libertad que se le brindó a los Ambuila es provisional, sin embargo, el proceso continúa su investigación.

Ibarra, por su parte, acotó que la garantía procesal tiene como fin evitar que la administración de la justicia siga privando de la libertad a una persona sin que se le resuelva su situación jurídica.

¿Libres por el confinamiento?

La libertad de los Ambuila en medio del aislamiento generó confusión. En redes sociales, varias personas relacionaron que esta época pudo influir en la decisión del juez.

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El penalista Castillo determinó que “para el caso de esta familia la pausa del sistema jurídico en la primera etapa del aislamiento no fue significativo en la orden que posibilitó su libertad, se pudo haber ganado algunos días con la pausa, pero no influyó en gran medida”.

El abogado Ibarra, en cambio, afirmó que este caso es reflejo de la situación de saturación del sistema judicial que hay hoy en día en el país.

“Hay muchos procesos en investigación y en Colombia no hay personal suficiente para poder resolverlos de manera eficiente y oportuna, y en los tiempos establecidos”, dijo Ibarra.

El abogado agregó que no debería pasar más de un año para que una persona sea condenada o absuelta, pero, ante una justicia paquidérmica, la ley busca proteger a los ciudadanos, por eso existen mecanismos como la libertad por vencimiento de término.

¿Cómo funciona?

La Ley 906 del 2004 determina que se aplicará cuando:

Hayan transcurrido 60 días desde la fecha de imputación y no se haya presentado el escrito de acusación.

Hayan pasado 120 días a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación y no se haya dado inicio a la audiencia de juicio.

Transcurridos 150 días desde la fecha de la audiencia de juicio y no se haya celebrado la lectura del fallo.