El tribunal de Justicia Transicional de la JEP informó que el caso 002 se enfocará en investigar los hechos que llevaron a que Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, sean la zona del país más compleja en cuanto a temas de orden público en los últimos años. 

La magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, explicó que el caso se enfocará en los delitos presuntamente cometidos por las Farcy la Fuerza Pública en el período comprendido entre 1990 y 2016. 

Esta zona del país fue seleccionada luego de que el comité de priorización concluyera que allí confluyen todos los delitos ocurridos durante el conflicto armado como los son: homicidios, masacres, ejecuciones extrajudiciales  o ‘falsos positivos’, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, narcotráfico, cultivos ilícitos, tráfico de armas y secuestros, los cuales afectaron a poblaciones étnicas, afrocolombianas y demás ciudadanos del común. 

“Esta situación permite materializar el enfoque territorial y étnico-racial consagrado en el Acuerdo Final. También hace posible comprender la dinámica del conflicto armado en el territorio y sus posibles causas y efectos, como la discriminación racial, La presencia de múltiples grupos armados, la importancia económica y estrategia de las regiones donde están asentados, en su mayoría, los pueblos étnicos”, señaló la magistrada Lemaitre. 

En estos territorios de Nariño están asentadas poblaciones indígenas como Awá e integrantes de los consejos comunitarios del Río Chaguí, Alto Mira y Frontera, los cuales se encuentran priorizados en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz. 

Sobre los territorios antes mencionados, el tribunal de la JEP cuenta con información aportada por la Fiscalía General de la Nación, del Centro de Memoría Histórica, el informe ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, expedientes judiciales y sentencias condenatorias remitidas por despachos judiciales de los tres municipios, bases de datos de organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro de Investigación y Educación Popular, así como registro de la prensa nacional y local. 

“Con esta información podemos dar cuenta de lo que sucedió hasta el 1 de diciembre de 2016, es una zona del país en donde continúa la violencia, hay responsables que se separaron del conflicto, los comparecientes, no puedes ayudar a hacer una distinción con los respecto a los disidentes y así surja la verdad de la guerra en esta zona del país”, resaltó la magistrada. 

Por su parte, Belkis Izquierdo, magistrada auxiliar de la Sala de Reconocimiento, resaltó el trabajo de la prensa local en las que se ha registrado durante años sobre la victimización que han sufrido los pueblos indígenas de la región, así como el cubrimiento de los asesinatos de sus líderes. 

“Quisiera reiterar que el 80 % es habitado por pueblos étnicos, que son sujetos de especial protección constitucional y reiterar que estos pueblos tienen medidas cautelares tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Constitucional. Es la oportunidad de esta nueva Jurisdicción Especial para la Paz de hacer unas transformaciones reales en estos territorios para que finalmente logremos una paz estable, duradera y en especial una reconciliación”, expresó la magistrada Izquierdo.