Continúa la polémica por el artículo que se incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el cual le otorga beneficios a algunas personas que quieran cambiarse de régimen pensional y que por su edad en este momento no lo podrían hacer.

Se trata del artículo 84, antes 303, sobre los traslados exprés o extraordinarios, que ha generado un rifi rafe entre los fondos privados y el estatal, al ser considerado como un mico pensional y que de ser aprobado abriría un huevo fiscal al país.

El artículo dice que “los afiliados al sistema de pensiones que no hubieran contado con la doble asesoría por parte de Colpensiones o por parte de las Administradoras de los Fondos de Pensiones AFP, para tomar la decisión sobre su traslado en los términos de la Ley 797 de 2003; quienes, siendo mayor de 50 años, si es mujer o mayor de 52 años si es hombre y que habiendo cotizado 750 semanas o más, se permite el traslado a Colpensiones o a la AFP antes de los próximos cuatro meses a partir de la expedición de la presente Ley.

Para Asofondos, gremio de los fondos privados (AFP), generaría un “regalo” para un reducido grupo de trabajadores de altos ingresos afectando el gasto, el ahorro y no aumentaría la cobertura pensional.

“Este artículo lo que busca es que las personas de más altos ingresos se puedan pasar a la mesada pública para recibir subsidios pensionales por un total de 50 billones de pesos. Esta situación generaría un gran golpe fiscal y no sería equitativo con los recursos públicos en su focalización para quienes más lo necesitan”, explicó el vicepresidente de Asofondos, Jorge Llano.

De llegarse a aprobar el artículo, agregado a segundo debate del PND por Congresistas, se estima que, según cálculos de Asofondos, 170.000 personas se trasladen de las AFP a Colpensiones, quien actualmente adelanta 15.000 procesos de traslados.

Adicionalmente, el artículo también contempla que, quienes cotizan en Colpensiones, entre uno y dos salarios mínimos, o aquellos que no completen las 1300 semanas para su jubilación, se podrán pasar a una AFP, ante lo cual el Gobierno tendrá que alistar recursos para pagar los bonos pensionales.

“Hoy tenemos un 80 % de los adultos mayores sin pensión, de los cuales 3 millones están recibiendo absolutamente nada y se planea considerar entregar 50 billones de pesos en subsidios a personas que no los necesitan en vez de focalizarnos en los que están sin protección pensional. Eso no tiene ningún sentido”, agregó Llano.  

El perfil de las personas, según el gremio de pensiones, a quienes principalmente impactaría la propuesta, es a un grupo de trabajadores con ingresos que oscilan entre 4 y 25 salarios mínimos, con estabilidad laboral, 1300 semanas cotizadas, en promedio, y edades superiores a los 53 años

“Adicionalmente se espera que cerca de 36.000 personas que se trasladen y no alcanzarán a cumplir los requisitos para pensionarse en el RPM, por lo que la norma es una “trampa” para los trabajadores colombianos que tienen menor estabilidad laboral”, detalló el funcionario.  

Ante la postura de Asofondos, se buscó al presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones, Juan Miguel Villa, para conocer su voz respecto al tema. Sin embargo, prefirió no pronunciarse.  

En medio de esto, el Gobierno Nacional también adelanta el proyecto de la reforma pensional que se espera sea presentado a final de año ante el Congreso de la República y en donde se ha reiterado que la edad de pensión no será ajustada.