La decisión de la Sala solamente estuvo viciada por el salvamento de voto que presentó el magistrado Ariel Salazar.
Segunda negativa de la Corte Suprema al exministro Andrés Felipe Arias
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias contra providencia de la Sala Penal, que declaró la imposibilidad jurídica de revisar en segunda instancia la condena de 17 años por delitos contra la administración pública.
La decisión de la Sala solamente estuvo viciada por el salvamento de voto que presentó el magistrado Ariel Salazar. Así las cosas, la determinación fue darle aval a la ponencia del magistrado Álvaro Fernando García, quien no permitió que se abriera la brecha a que quienes fueron condenados cuando no existía la doble instancia su proceso fuese revisado nuevamente.
La Sala Civil resolvió la puja luego de que en febrero pasado el magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Luis Antonio Fernández, anunciara en una primera ocasión que fue negada la solicitud del exministro.
Bajo ese entendido, lo que dijo la Sala Penal es que para que se supriman los efectos de la condena, como en el caso de Arias, se debe crear de manera temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante el cual puedan impugnarse las sentencias de única instancia.
“Es claro, entonces, que es el Congreso de la República y no la Corte Suprema de Justicia el llamado a adoptar medidas legislativas necesarias que permitan satisfacer el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde luego si Colombia admite atender su dictamen”, dijo en su momento el magistrado.
El exministro de Agricultura fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación y sentenciado a 17 años en medio del escándalo de Agro Ingreso Seguro.
A nivel disciplinario fue sancionado a 16 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos en providencia emitida por el entonces procurador Alejandro Ordóñez.
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