Un avalancha de elecciones regionales de alcaldes y hasta de gobernadores, sería otra de las consecuencias que podrían quedar como resultado de la acción de vigilancia, control y sanción que vienen adelantando la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, por las irregularidades en la contratación pública hecha para atender la emergencia por el coronavirus.

En tal sentido se pronunció el magistrado del Consejo Nacional, Jaime Luis Lacouture, quien considera que se hace necesario que tanto el CNE como la propia Registraduría Nacional se vayan alistando para realizar esos comicios, que en su criterio podrían llegar a ser más de 20.

“Esta situación nos genera una preocupación enorme, el año 2021 no es electoral, el CNE no tenía previsto realizar elecciones y por estas decisiones que han venido anunciando la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General, con las decisiones que se han adoptado muy seguramente nos vamos a realizar elecciones atípicas con relación a gobernaciones y alcaldías”, señaló el magistrado.

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Incluso Lacouture no descarta que algunas de esas elecciones incluso se puedan realizar éste año, pero la convocatoria de las mismas dependerá de la situación de cómo avance la pandemia del coronavirus. Incluso ya la Registraduría Nacional tiene listo un protocolo que espera aplicar para cuatro municipios, en los cuales, se deberá realizar la elección de alcaldes y hasta concejo municipal.

La Fiscalía anunció el jueves, que encontrar responsabilidad en contratación irregular ya dispuso de la captura de los alcaldes de Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales; Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals; Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez; Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras; San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza; San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez; Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez; Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez y Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Por su parte la Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal contra 6 mandatarios territoriales así, casi $312 millones contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González; por más de $942 millones contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; por $1.051 millones contra el Alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez; por $1.107 millones contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; y otro por más de $229 millones contra el Alcalde del Municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Por ahora ninguno de los alcaldes o gobernadores han sido condenados, sólo se avanza en la investigación e imputación de los cargos. La ley señala que si un mandatario regional es destituido o debe abandonar su cargo por alguna razón, incluyendo esas situaciones de dolo, deberá ser reemplazado en elecciones populares si faltan más de 18 meses para terminar el periodo.