Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que condena a 30 años de prisión al general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, el alto tribunal deja claro en su sentencia que hay “abundantes evidencias” para inferir que el exdirector del DAS apoyó a los grupos paramilitares, para que en conjunto con el Cartel de Medellín asesinaran al precandidato a la Presidencia de la República, Luis Carlos Galán Sarmiento.

En el documento de 267 páginas, con ponencia del magistrado Fernando Alberto Castro, se responsabiliza a Maza por los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas, por su participación en la muerte de Galán, la del exconcejal Julio César Peñaloza Sánchez y la del escolta Santiago Cuervo Jiménez, así como por las lesiones recibidas por el escolta Pedro Nel Angulo Bonilla, en hechos ocurridos el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

Según la Corte Suprema, el entonces director del DAS hizo parte del plan para asesinar al dirigente político, debilitando su seguridad, objetivo con el cual nombró como jefe de escoltas a un hombre de su confianza, el teniente Jacobo Torregrosa, quien según la investigación, “no cumplía con los mínimos de experiencia para proteger al personaje público más amenazado del país para la época”. El tribunal dice que el teniente adoptó medidas para que el esquema de seguridad quedara “vulnerable”.

“Quedó demostrada la existencia de un acuerdo común entre las autodefensas del Magdalena Medio y Miguel Alfredo Maza Márquez, para que éste se sumara a la consecución de los protervos finales de tal organización, entre ellos, la muerte de Luis Carlos Galán, siendo su aporte significativo, la ayuda que brindó para debilitar el esquema de seguridad del político, contribución sin la cual no se hubiera podido consumar el crimen”, señala la sentencia.

En su fallo, el alto tribunal también le niega al exoficial el beneficio de la detención domiciliaria y lo inhabilita por diez años para ejercer cargos públicos, debido a la gravedad de los hechos por los que fue acusado por la Fiscalía.

“La sala considera que en este caso es necesario acudir a la mayor gravedad de la conducta, en cuanto que Miguel Maza Márquez apoyó a un grupo armado ilegal financiado por el narcotráfico que sembraba terror en la región donde hacía presencia, en su rol como servidor público, omitió su persecución como legalmente le correspondería, pero además, facilitó el traslado de extranjeros para que los integrantes de ese grupo, e incluso del mismo DAS, recibieran instrucción militar, al punto que de sus filas salió el sicario que atentó contra la vida de Luis Carlos Galán, a quien además el acusado le ayudó tras su fuga”, reprocha la Corte.

Y es que para el tribunal, el vínculo de Maza Márquez no se limitó a debilitar el esquema de seguridad de Galán, sino que tras escuchar a los testigos del caso y los informes de los investigadores, se estableció que el general en retiro buscó desviar la investigación desde su cargo en el extinto organismo de inteligencia, además de las que cursaban contra el excomandante paramilitar Henry de Jesús Pérez: “Después del atentado contra Luis Carlos Galán, para liberarse de toda sospecha, desvió el curso de la investigación, con lo cual no solo se sustrajo él de ser investigado, así como otros, sino que además contribuyó a que sus aliados de las autodefensas de Magdalena Medio continuarán con sus actividades delictivas”.

Además, la Corte documentó que presuntamente gracias al apoyo de Maza, se habría facilitado el ingreso al país del israelí Yair Klein, quien entrenó a miembros de las autodefensas del Magdalena Medio a finales de los 80, incluso a uno de las personas señaladas de ser el asesino de Galán, Jaime Rueda Rocha.

Si bien para la Corte, Maza no intentó desviar la investigación contra Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el 'Mexicano', sí lo hizo por los integrantes de las autodefensas y los sicarios que cometieron el asesinato del líder liberal: “De todo lo analizado se concluye que Maza Márquez, director del DAS, como se demostró suficientemente, tenía tratos con Henry de Jesús Pérez, comandante de las Autodefensas”.

Maza es el tercer condenado por el magnicidio

En 1997, un juez condenó a John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, a 26 años de cárcel, por su participación en el homicidio. Sin embargo, el pasado 22 de agosto de 2014 el hombre de confianza de Pablo Escobar quedó en libertad al haber cumplido la mayoría de su pena, y por haber aceptado cargos.

Igualmente, en 2007 un juez especializado condenó al exsenador Alberto Rafael Santofimio Botero como determinador del asesinato de Galán. Dicho fallo fue ratificado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia, por lo que el exparlamentario paga una pena de 24 años de prisión.

Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó revisar una demanda contra la condena de Santofimio Botero, sin embargo, aún no se conoce el pronunciamiento de fondo por parte del organismo internacional.

Maza Márquez es, así, el tercer condenado por el magnicidio. Y hay más personas involucradas. El Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca estudia la petición de la Fiscalía General de la Nación de condenar al capitán (r) Luis Felipe Montilla Barbosa y al coronel (r) de la Policía Manuel Antonio González Henríquez.

Montilla fungió como comandante de la Policía en Soacha para la época de los hechos; y González se desempeñaba como jefe de la Oficina de la División de Orden Público del DAS. Son señalados de no prestar las medidas necesarias para prevenir los hechos que terminaron con la muerte de Galán.

Para el ente acusador, el entonces candidato presidencial era una de las personas más amenazadas del país por diversos grupos, entre ellos los carteles de droga. La Fiscalía sostiene que los oficiales encargados de la seguridad del sector no tuvieron en cuenta estas circunstancias cuando Galán se disponía a dar un discurso en Soacha.

La Fiscalía sostiene que aquel día en el operativo para prestar la seguridad al candidato liberal no se tuvieron en cuenta los protocolos, a tal punto que la representante del ente acusador indicó que no había más de quince policías, cuando lo recomendado era un operativo con sesenta efectivos.

Igualmente, en 2015 la Fiscalía llamó a indagatoria a los generales (r) de la Policía Argemiro Serna y Óscar Peláez Carmona; y a los coroneles (r) Gustavo Adolfo Leal y Gentil Vidal. Fueron vinculados por omisiones en el esquema de seguridad del excandidato presidencial.

El general en retiro Argemiro Serna y los coroneles retirados Leal y Vidal son investigados por no prestar adecuadamente la protección a Galán, a pesar de saber que contra el excandidato existían amenazas de muerte, mientras que el general (r) Peláez Carmona es indagado por la forma en que se realizó la investigación inicial. En los cuatro casos la Fiscalía no ha hecho un pronunciamiento sobre su responsabilidad; únicamente han sido vinculados a la investigación adelantada por la Unidad de Análisis y Contexto del ente investigador.