El 24 de noviembre de 2016 el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el jefe de las Farc, alias ‘Timochenko’, firmaron el acuerdo definitivo de paz.

La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia deja un sinsabor tres años después de su firma. Es la empresa más ambiciosa que ha emprendido la nación en toda su historia, que va más allá de quitarle las armas a la guerrilla y meterla a la arena política, es cambiar las causas que hace seis décadas la lanzaron a una guerra contra el Estado.

El propósito del Acuerdo era mejorar las condiciones de vida de los campesinos, llevarles educación, salud, carreteras, progreso y desarrollo; ampliar el espectro político para facilitar la participación de quienes pensaban distinto al discurso hegemónico liderado por los grandes partidos políticos; reparar y darles un lugar de dignidad a las víctimas; hacer justicia contra quienes victimizaron a la población, investigándolos, juzgándolos y sancionándolos en un modelo de justicia restaurativa; contar la verdad de lo ocurrido en la guerra para garantizar que no vuelva a ocurrir; buscar a los más de 80.000 desaparecidos, y darle solución al problema de las drogas ilícitas.

Cuando se mira así, a plata blanca, muy poco se ha logrado. Los resultados son tímidos. El Gobierno asegura que faltan recursos económicos y que la política de paz es a largo plazo (20 años), mientras sus detractores critican que lo que falta es voluntad.

Atraso temprano

Gran parte de las demoras para poner en marcha el Acuerdo de Paz se debieron al gobierno de Juan Manuel Santos, que empezó a implementar varios meses después de la firma del acuerdo. El cronograma de la dejación de armas se retrasó seis meses y mucho más se pospuso la desactivación de caletas, que a hoy no ha culminado.

Rodrigo Granda, conocido en los años de guerra como “Ricardo Téllez”, recordó que cuando llegaron a las zonas veredales no encontraron ningún sitio dónde quedarse y tuvieron que construir sus cambuches en el monte, como si todavía estuvieran en guerra.

También tardó en llevar las instituciones al territorio, una situación que según Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, debió hacerse desde antes de la dejación de las armas, con los guerrilleros concentrados.

Los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) iniciaron su formulación en agosto de 2017, y para la época Mariana Escobar, entonces directora de la Agencia de Renovación del Territorio, le apostaba a concluirlos en abril de 2018, pero la concertación con las comunidades fue lenta y la construcción de una nueva burocracia que atendiera estas necesidades también absorbió tiempo.

Cuando el presidente Iván Duque llegó al Palacio de Nariño solo se habían formulado dos de los 16 planes.

A lo que se suma que ya habían iniciado las primeras expresiones disidentes muy violentas, como la de alias “Guacho” en Nariño, y la JEP cargaba con el desprestigio tras varios escándalos sobre sus funcionarios, y las demoras para tomar una decisión en el caso de extradición de “Jesús Santrich”, en parte debido a un choque de trenes con la Fiscalía.

Oposición al poder

21 meses después de la firma del Acuerdo llega al poder el uribismo, movimiento que era oposición de Santos y del pacto de paz firmado con las Farc. Los especulaciones entonces eran que Duque iba a hacer trizas la paz, haciendo referencia a un comentario que en campaña hizo el exministro Fernando Londoño.

Lo cierto es que el presidente llegó a ejecutar los Pdet, logró formular los 14 que faltaban y hasta el momento ha entregado al menos 500 pequeñas infraestructuras. Ahí radica el avance más significativo. También ha cuidado de los excombatientes de base, prorrogando los recursos económicos mientras empiezan a generar sus propios ingresos.

Pero en asuntos de fondo la respuesta ha sido débil. Su política de drogas va encaminada en la erradicación forzosa y en la fumigación con glifosato, a la que no ha podido volver porque no cumple los requisitos de la Corte, mientras frenó la vinculación de nuevas familias al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos.

“El Gobierno pasado no hizo más que vincular familias, pero no dejó la plata para cumplirles”, ha dicho en varias ocasiones Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Este incumplimiento al Acuerdo ha mantenido con el combustible del narcotráfico a los grupos armados organizados, por lo que cada vez es más difícil para el Gobierno controlar su crecimiento, especialmente de las disidencias de las Farc.

Insight Crime, un centro de estudio del crimen organizado, anotó en una reciente investigación que “el Gobierno parecía carecer de estrategias claras para contenerlos y, al menos públicamente, ignoraba la evolución de este grupo y la amenaza que suponía”.

El punto de inflexión más importante de las disidencias ocurrió el 29 de agosto pasado cuando en un video “Iván Márquez”, “el Paisa”, “Santrich” y “Romaña”, con un grupo de exguerrilleros se declararon nuevamente en armas, y enarbolaron banderas por reagrupar a todas las expresiones residuales dispersas en el país. A todos ellos la JEP los excluyó y devolvió sus expedientes a la justicia ordinaria.

Hoy, según los cálculos de Insight Crime, las disidencias tienen más de 2.500 hombres en armas, por supuesto no todos son exguerrilleros, porque su capacidad de reclutamiento está a todo vapor, muestra de ello es que en el bombardeo contra “Gildardo Cucho”, en agosto pasado en Caquetá, murieron al menos ocho menores de edad recién reclutados por su grupo, lo que le costó el puesto al ministro de Defensa, Guillermo Botero.

A lo que se suma el daño que esta guerra entre narcos está causando en regiones del país como Cauca, Catatumbo y Nariño, donde se volvieron a presentar masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados y confinamientos de las comunidades.

A la par que todo esto ocurría, el Gobierno presentó varias reformas al Acuerdo ante el Congreso: primero se trató de seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que no fueron aprobadas ni por el Legislativo ni por la Corte Constitucional, y después llegaron otras iniciativas como sacar los delitos sexuales de la justicia transicional en eventuales procesos de paz, que se hundió esta semana en el Senado.

Todo esto con una carga negativa para el Gobierno, que perdió meses valiosos y no ha podido construir mayorías en torno a su plan para el país.

Incluso la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, en su reciente informe al Consejo de Seguridad reiteró su llamado “a todas las partes para que velen por que cualquier propuesta de reforma sea el resultado de un diálogo inclusivo, no se aplique retroactivamente y respete el espíritu y el carácter integral del Acuerdo de Paz”.

Es así como tres años después la implementación está en un punto intermedio, los réditos de la paz duraron poco, y la polarización del país no ayuda para que el Gobierno, el legislativo, el partido Farc y las comunidades entiendan que todavía hay tiempo para enderezar la senda, pero que al igual que en la negociación, todos deben ceder un poco más.