En el marco de la graduación de 106 nuevos oficiales del Ejército Nacional, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, resaltó que el Estado colombiano cumple los fallos de sus Cortes judiciales, lo que fue interpretado como una respuesta a la molestia que tiene el Gobierno de Estados Unidos por la libertad del guerrillero Julio Enrique Lemos, que se encuentra en una de las zonas veredales.

Santos afirmó que la Corte Constitucional le dio la bendición a la reforma a la Carta Política que dice que no se pueden aprobar leyes que vayan en contravía de los acuerdos, y que todos los estamentos del Estado cumplen ese mandato.

“Y cuando digo todos los colombianos, digo no solamente el Ejecutivo, el Legislativo con sus leyes y las Cortes, la Corte Suprema de Justicia. Señor nuevo Presidente de esa importante Corte (magistrado Rigoberto Echeverri), los fallos que ustedes emiten en cumplimiento de esa Constitución y de esos acuerdos deben de tener el respaldo de todo el país y de toda la comunidad internacional. Nosotros siempre hemos dicho que acatamos los fallos de la Corte y siempre los acataremos”, afirmó.

“Dicha decisión no consideró la gravedad del caso de secuestro de un ciudadano norteamericano que está enfrentando” Lemos, indicó Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia,  en una carta enviada al tribunal, divulgada por medios locales.

El diplomático, quien recordó el apoyo de su gobierno al acuerdo de paz, cuestionó un fallo del 31 de mayo que ordenaba la “liberación inmediata” del rebelde, apresado el 23 de febrero pasado en Medellín, en cumplimiento de una orden de captura por el rapto del empresario estadounidense, residente en Panamá, Cecilio Juan Padrón en abril de 2008,

Lemos había salido con autorización para cumplir citas médicas de una de las 26 zonas del país donde se agrupan los 7.000 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). 

El 20 de abril, Estados Unidos pidió la extradición del guerrillero, a quien acusa desde marzo de 2009 del secuestro de Pedrón, liberado en febrero de ese año luego de que su familia pagara por su liberación, según la sentencia. Pero el tribunal ordenó la libertad y el traslado a la zona de concentración del rebelde, argumentando que el acuerdo firmado en noviembre entre el gobierno y las Farc impide la extradición por delitos cometidos en el marco de la conflagración interna de más de medio siglo. “Esta decisión es inconsistente con los fines de justicia y desarrolla un gran riesgo de crear un procedente preocupante y peligroso para la justicia bilateral”, expresó Whitaker, quien aseguró que su país buscará que el rebelde responda ante la justicia de su país. El pacto de paz estipula amnistías a guerrilleros señalados de delitos políticos. 

Los acusados de crímenes graves que confiesen podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de 8 a 20 años de prisión. 

El presidente Santos recordó que en ocasiones como ocurrió con el fallo del Fast Track el Gobierno Nacional no ha compartido algunas decisiones, pero son ordenanzas que siempre se acatan y se respetan.