En el despacho de la Presidencia de la República todavía no se ha recibido la supuesta carta, donde los integrantes de “la Oficina” le piden al Gobierno ser incluidos en un Pacto Nacional de Paz.

La carta todavía no ha sido recibida por el despacho y todavía se desconoce su autenticidad pues la que ha circulado es un documento en Word que ha sido compartido por cuentas de Twitter, afirman fuentes de Palacio.

Por su parte, la senadora Piedad Córdoba, que hizo pública esta misiva en las redes sociales afirma que esta le llegó por parte de algunos de los asesores jurídicos de este grupo por lo que cree que sería veraz.

En la misiva conocida el pasado jueves, “la Oficina” le pide a Santos sumarlos a un proceso de paz, como viene sucediendo con el Eln y las Farc.

“’La Oficina’ nos dirigimos a su honorable despacho mediante la presente petición formal, respetuosa, publica, alentadora y oportuna; para manifestarle a Colombia y a la comunidad internacional, que deseamos y estamos dispuestos a contribuir radicalmente a la paz de nuestro país, en concordancia a la construcción del Gran acuerdo nacional de paz”, señala la carta.

Igualmente, en la supuesta misiva el grupo ilegal asegura que esperan que esta iniciativa sea acompañada por el monseñor Darío de Jesús Monsalve, la excongresista Piedad Córdoba, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En su petición, solicitan que sean procesados en algún tipo de justicia transicional, para que haya una disolución completa de esa organización ilegal, con el fin de “buscar una paz urbana”, y hacer un “desmonte de escenarios de ilegalidad tanto en las ciudades como en el campo”.

En la carta invitan también a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) a acogerse a la petición, mostrando “una voluntad para construir paz”.

En marzo de este año, este grupo había hecho pública esta propuesta, sin embargo, el Gobierno no ha hecho hasta el momento un pronunciamiento sobre la viabilidad de esta solicitud.

Sin embargo, Santos ha repetido en varias ocasiones que no negociará con las bandas criminales. Santos, en los primeros meses del año, exactamente el pasado 19 de abril, señaló que esas bandas lo que están buscando “algún tipo de reconocimiento político” lo que consideró un imposible.

“Son bandas dedicadas al narcotráfico, a cometer crímenes, lo que se les ha dicho es si quieren pueden someterse a la justicia, eso es un procedimiento, pero no pueden pretender tener un tratamiento de reconocimiento político”, sentenció el Presiente en aquel entonces.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por las mismas fechas, aseguró que “las organizaciones de crimen organizado que tienen como fuente fundamental la minería ilegal y el narcotráfico, que operan nacional y regionalmente, no tienen ningún reconocimiento político, mucho menos en el conflicto, lo que les espera es la persecución ofensiva de la fuerza pública en su conjunto, incluidas las Fuerzas Militares, en caso dado que no dejen sus actividades y se sometan a la justicia ordinaria”.

Lo que se ha conocido es que estas bandas “la Oficina” y “los Urabeños”, han buscado acercamientos con el Gobierno desde que iniciaron el conocido Pacto del Fusil, para buscar una desmovilización y tener beneficios similares a los que tuvieron los grupos paramilitares, las Farc y el Eln.

Santos es el único que puede abrir un proceso con “la Oficina”: Alcaldía

El secretario de Gobierno de Medellín, Gustavo Villegas, afirmó que el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos es el único que puede iniciar un acercamiento con esta clase de grupos.

“Conocí una carta donde se menciona a ‘la Oficina’, pero no se la autenticidad. Esa carta no nos llegó, la conocimos por los medios. Esa clase de procesos son del resorte del Gobierno Nacional, cualquier avance en un proceso de diálogo. Si el Gobierno considera que nosotros debemos estar como Alcaldía y colaborar con la experiencia se hace con todo el gusto, pero solo cuando el Gobierno Nacional lo requiera”, indicó Villegas.

El funcionario agregó que es bastante difícil que un proceso de estos salga adelante, pues hay una normatividad que dice que esta clase de procesos solo se pueden adelantar con grupos armados al margen de la ley, como las guerrillas o las autodefensas.

“Ahora no hay una normatividad para poder iniciar un proceso así, pero el Gobierno Nacional tendrá que tomar sus decisiones. Lo primero es mirar si hay una voluntad y lo que deben es remitir esa voluntad al Gobierno y que haya un sometimiento y una búsqueda de un principio de oportunidad, es la única posibilidad para estos grupos”, afirma Villegas.

El secretario de Gobierno tiene amplia experiencia en esta clase de procesos pues hizo parte de las conversaciones con el Eln en la administración de Andrés Pastrana, y fue director del programa Paz y Reconciliación que atendió 4.000 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia.