Nueve meses del fallecimiento del periodista Mauricio Orjuela, denunciado por negligencia médica por parte de las entidades de salud, la Superintendencia de Salud aplicó tres sanciones, en primera instancia, al Hospital de Engativá, a la Clínica General de la 100 y a la EPS Medimás.

Las multas ascienden a más de 3.600 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cerca de $3.000 millones.

Las medidas sancionatorias se dan, según la Supersalud, al comprobarse que hubo fallas administrativas y asistenciales en atención a Orjuela, quien ingresó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. – Unidad de Servicios de Salud Engativá Calle 80, conocido como el Hospital de Engativá con un fuerte dolor abdominal el 10 de julio de 2018.

Dos días después, el periodista fue intervenido quirúrgicamente y remitido a su casa para la recuperación. No obstante, casi un mes después, el 6 de agosto, fue llevado de urgencias, esta vez a la Clínica Shaio, de donde lo remitieron a la Clínica General de la 100. En ese primer ingreso a esta IPS el comunicador fue atendido y dado de alta el 9 de agosto, pero el 13, tras presentar otra crisis abdominal con síntomas de fiebre y mucho dolor, tuvo que volver a la misma clínica.

“Fueron los días 13, 14 y 15 de agosto los más críticos para el estado de salud del paciente hasta el día de su fallecimiento el 18 de agosto, que determinaron su posterior agravamiento y deceso, por lo que la Superintendencia enfocó su investigación, principalmente, en lo ocurrido en estas fechas”, destacó la entidad vigilante del sistema de salud.

Ante los hechos y la investigación dada posteriormente, el Superintendente Delegado de Procesos Administrativos, Andrés Evelio Mora, indicó que el E.S.E. Hospital de Engativá fue sancionada con más de $330 millones, equivalente a 400 salarios mínimos legales vigentes, por fallas en Ia prestación del servicio de salud requeridas por Orjuela.

“Dentro del proceso se demostró que la IPS, donde fue inicialmente hospitalizado, fue negligente al presentar demoras en el diagnóstico del paciente, que impidieron tomar decisiones médicas oportunas y seguras”, argumentó Mora.

Según el acto administrativo, el pasado 11 de julio el médico tratante ordenó Ia realización de un TAC abdominal y/o tomografía abdominal contrastada para descartar una apendicitis aguda, exámenes que no fueron realizados.

Bajo este hecho, el centro médico, según el superintendente administra, no se adhirió a las guías de manejo de urgencias por dolor abdominal agudo, como ocurrió en este caso y, como consecuencia, no contempló el suministro de medicamentos indicados en el protocolo.

“Igualmente, el médico encargado de Ia atención inicial no procedió a realizar una interconsulta por cirugía, no obstante que se trataba de un diagnóstico altamente probable, donde, Ia conducta a seguir según las mencionadas guías, debió ser Ia intervención quirúrgica de urgencia”, resaltó Mora.

Con respecto a la atención prestada por la Clínica General de la 100 S.A.S, la IPS fue sancionada con el pago de 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($1656 millones) por su responsabilidad administrativa tras identificarse que se demoró en prestar el servicio de gastroenterología, vital para el estado de Orjuela en ese momento.

“La Superintendencia comprobó que el servicio de gastroenterología está habilitado para la Clínica, pero según uno de sus descargos, el profesional que debía atenderlo se encontraba fuera del país y el director médico no había podido conseguir un reemplazo, razón por la que debieron buscar sin éxito otra institución que les prestara el servicio”, explicó Mora, quien resaltó que “es inadmisible que la Clínica se excuse bajo el argumento de una situación administrativa, cuando lo que debió ocurrir es que, al tener el servicio habilitado contara con la infraestructura y el personal médico para garantizarlo”.

Por el mismo caso, la Superintendencia Delegada para Procesos Administrativos sancionó a Medimás EPS S.A.S., con una multa de 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $993 millones de pesos.

Según el acto administrativo del 16 de abril de 2019, se le atribuye a Medimás EPS S.A.S. su responsabilidad por Ia presunta omisión en Ia realización de actividades de evaluación, seguimiento, y mejoramiento de los procesos de atención de salud prestados a sus afiliados, y de vigilancia sobre Ia red contratada.

“Teniendo en cuenta la historia clínica del paciente, se evidenció que el diagnóstico se orientó hacia una hemorragia digestiva, por lo que los médicos tratantes, en la Clínica General de la 100, ordenaron y solicitaron de manera urgente una valoración apremiante del servicio de gastroenterología, pero se evidenció una respuesta ineficaz e inoportuna frente a tal solicitud”, detalló el funcionario público.

El Delegado de Procesos Administrativos advirtió que contra estas tres decisiones, emitidas en primera instancia, cabe el recurso de reposición y apelación por parte de estos tres vigilados por lo que tienen un plazo de diez días tras la notificación para ejercer el derecho.