Luego de que esta semana el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Hacienda, expidiera el Decreto legislativo 678 de 2020, por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020, varias voces de apoyo al mismo se han conocido.

En primer lugar se pronunció la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, que consideró que estas facultades otorgadas en el Decreto, “se constituyen en medidas muy acertadas para las finanzas territoriales, que permitirán mitigar los impactos financieros y económicos generados por la ocurrencia de esta situación atípica que estamos viviendo, con la propagación del COVID-19; la cual, demanda de las entidades territoriales, mayores esfuerzos, no solo para disponer de la liquidez suficiente para atender los efectos de la pandemia, sino también las principales necesidades de las comunidades”.

Estiman además los alcaldes que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, las entidades territoriales podrán tener mayor flexibilidad financiera al autorizar la reorientación de algunas rentas para la atención, e incluso para financiar gastos de funcionamiento. Se superan limitaciones de tipo presupuestal para orientar los recursos de acuerdo con la urgencia.

Lea También: Gobierno trabaja en protocolos de bioseguridad para trabajadores informales

“Se dan herramientas para recuperar cartera a través de la disminución del capital, sanciones e intereses para deudores de las entidades territoriales, permitiendo a su vez, crear alivios para los ciudadanos frente a sus obligaciones de distinta naturaleza y, crea un marco de legalidad que ofrece mayor seguridad jurídica para quienes tienen a su cargo la ejecución de todas estas políticas contra cíclicas de inversión, por parte de las entidades territoriales”, dice Asocapitales.

Por su parte el senador Jhon Harold Súarez, quien había advertido que más de 900 municipios podrían perder esa condición como consecuencia de la crisis, celebró la expedición del decreto porque resultan apropiadas y oportunas y concede alivios a los gobernadores y alcaldes para “reorientar rentas de destinación específica, modificar el presupuesto, acceder a créditos de tesorería para atender insuficiencia de caja de carácter temporal tanto en gastos de funcionamiento como de inversión, así como el uso de créditos que les permita reactivar la economía”.

Súarez, había expresado su preocupación porque como consecuencia a la crisis económica de esta pandemia, los entes territoriales disminuirán los ingresos corrientes de libre destinación, tales como la sobretasa a la gasolina, el predial unificado, Industria y Comercio y demás.

El senador explicó además que este decreto no sólo da un respiro a los entes territoriales, sino también a los contribuyentes, quienes ahora pueden diferir el pago del impuesto predial en 3 o 4 cuotas, una fórmula en la que ganan ambas partes.