Las extintas organizaciones paramilitares colombianas torturaban a sus víctimas a golpes, pedradas, descargas eléctricas y hasta mutilaciones de orejas y órganos sexuales, según un documento difundido el jueves por las autoridades judiciales.

En un fallo del juez Eduardo Castellanos de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se llegó a la conclusión de que los paramilitares sometían a sus víctimas a los peores tormentos antes de asesinarlos.
 
Una de las torturas consistía en la mutilación de miembros cuando los paramilitares creían que sus víctimas eran integrantes o simpatizantes de las guerrillas.
 
"Las mutilaciones realizadas por los paramilitares, según las actas de necropsia aportadas por Medicina Legal, tendieron a focalizarse en ciertas partes del cuerpo viviente de la víctima, antes de ser asesinados mediante disparos propinados con arma de fuego", indicó el fallo.
 
El documento judicial relató que "a un presunto colaborador de la guerrilla le amarraron con cuerdas las manos y los pies, lo tiraron al suelo boca arriba y desde un barranco le dejaron caer piedras pesadas en la cara hasta desfigurarle el rostro" para que confesara los supuestos movimientos de la insurgencia en la ciudad de Maicao, al norte del país.
 
En tanto, a un jugador de fútbol en el municipio de La Dorada, en el centro del país, lo obligaron a subir a una camioneta, le facturaron las piernas a golpes y luego lo azotaron en la cabeza hasta matarlo.
 
El tribunal recolectó información de paramilitares que confesaron que con objetos contundentes golpeaban a sus víctimas en la cara, el pecho y en el tórax. También aplicaban descargas eléctricas, quemaban a las víctimas y las sometían a torturas psíquicas como el aislamiento, la privación del sueño, la humillación pública y el trabajo forzado.
 
Los grupos paramilitares surgieron en el país a finales de los años 70 en respuesta a los abusos de los grupos guerrilleros.
 
En 2003 las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia iniciaron un proceso de desmovilización. Varios de sus miembros volvieron a la vida civil y se acogieron a una ley que les garantizó un máximo de ocho años en prisión a cambio de no volver a cometer delitos, confesar sus crímenes y entregar sus bienes para indemnizar a sus víctimas. Pero muchos se vincularon con las llamadas bandas criminales y siguieron delinquiendo.

La Fiscalía calcula que al menos 156.000 personas fueron asesinadas por los paramilitares entre 1980 y 2004.

Bogotá | AP