Luego de haber logrado un triunfo legislativo este miércoles, al incorporar cambios importantes a la ley que fija las normas de procedimiento de la JEP, el Centro Democrático anunció la estrategia que tendrá el presidente Iván Duque para reformar los acuerdos hechos con las Farc.

La senadora Paloma Valencia sostuvo que el presidente Duque ya definió cómo se reformará la JEP, para lo cual buscará una concertación abierta con los diferentes sectores.

Lo primero que se busca, según Valencia, es que “los miembros activos y de la reserva de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que sean llevados ante la JEP sean juzgados en una sala especial, diferente y distinta a aquellas destinadas a las Farc y los terceros; simétrica y simultánea, con absoluto compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

Este punto precisamente ya se empezó a dar en la discusión con el proyecto de reglamento de la JEP, que terminó esta tarde en su trámite.

La senadora además explicó que para el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Militares se enfatizará en la presunción de inocencia. “Por lo tanto, el procedimiento no favorecerá la confesión con el incentivo de la libertad y permitirá la defensa del honor y el buen nombre”, indicó.

Le puede interesar Senado quita a la JEP potestad sobre extradiciones

También dijo que los magistrados de la sala especial deberán tener amplio conocimiento sobre Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas, y deberán ser elegidos con un procedimiento trasparente que asegure su imparcialidad.

Se buscará que exista un espacio procesal para la defensa institucional del Ejército y la Policía, las penas impuestas darán lugar a la libertad condicional cumplidos los cinco años de detención en centros especiales para las Fuerzas Armadas, se fijarán los compromisos que deberán cumplirse y se mantendrán los beneficios y garantías de libertad establecidos por la normatividad que desarrolla la JEP.

Un punto que generará controversia es el que señala que el cumplimiento de la condena por crímenes de lesa humanidad y de guerra es incompatible con el ejercicio de cargos políticos.

“La representación política de los responsables de estos crímenes sólo será posible cuando haya sido cumplida. En el caso de que alguno de los integrantes de las Farc, actualmente designados para ocupar las curules de Senado o Cámara, sea responsable de estos delitos y crímenes, las Farc podrán enviar otros nombres para sustituirlos mientras los responsables cumplen con las penas impuestas por la JEP y reparan las víctimas”, dice la propuesta que ya tiene lista el uribismo.

En la estrategia se indica además que las víctimas deben ser el centro del proceso, de manera que puedan tener oportunidad de cuestionar a los responsables, recibir completa verdad y reparación. “En el Congreso deberán asignarse unas curules para las víctimas y los miembros retirados de la Fuerza Pública que hayan sido víctimas de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”, se propone.

Finalmente, la senadora Valencia resumió las reformas de esta manera: “Así las cosas, se requerirán modificaciones de distintos actos legislativos del fast track y la ley estatutaria de la JEP, y será necesario el desarrollo de varias leyes que realicen el anhelo de no hacer trizas los acuerdos, pero avanzar en las modificaciones necesarias para honrar los compromisos de justicia, verdad reparación y garantías de no repetición que tienen los colombianos”