Un nuevo escándalo destapó la Revista Semana este domingo en contra del Ejército, que viene de varios días de fuertes golpes de opinión por casos de corrupción revelados al país. Esta vez, una investigación periodística vincula a miembros  del Gaula de la institución con el secuestro de Stiven Beltrán, un joven comerciante de 22 años que fue raptado el pasado 20 de julio en la localidad de Kennedy, en la capital del país.

Lo que en su momento dijo la Policía cuando atendió el caso del secuestro, es que miembros de la institución se desplazaron hasta el sector de Altos de Cazucá, en los límites entre la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha (Cundinamarca), donde, además, se registró la captura de uno de los presuntos responsables del plagio.

Pese a que la revista no habló acerca de la captura que dijeron las autoridades se había registrado ese día, sí señaló que los responsables del plagio del joven eran miembros del Ejército adscritos a la Unidad del Gaula.

La historia que contó el joven comerciante cuando fue liberado es que hombres que portaban uniformes del Gaula le dijeron que tenían una orden de captura en su contra por delitos sexuales. El joven de 22 años asintió y permaneció con ellos luego de subir a una camioneta. Luego de esto le permitieron hacer una llamada para avisarle a sus familiares que sería trasladado a Bucaramanga para judicializarlo, sin embargo, todo era una fachada, dado que al día siguiente la familia recibió una llamada extorsiva.

Les exigían 800 millones de pesos, de no cancelar el monto asesinarían al joven comerciante, fue la amenaza que lanzaron. Con lo que no contaban los raptores es que la familia del secuestrado pusieron denuncia ante la Fiscalía, y el Gaula de la Policía asumió el caso.

Sin embargo, además del apoyo de las autoridades, la madre del joven consiguió ayuda de un oficial retirado del Gaula Militar, quien resultó ser la clave para descubrir la participación de miembros activos del Gaula en el secuestro del comerciante Beltrán.

Según Semana, el oficial retirado insistía a la familia que se pagara la suma que exigían para liberar a sus ser querido, al que amenazaban con cortarle un dedo si no se traspasaban los fondos.

Además de la gravedad de la participación de miembros del Gaula en un secuestro, el equipo antisecuestro de la Policía determinó, mediante la revisión de cámaras de seguridad, que el vehículo en el que fue abordado Beltrán y llevado a su secuestro, sería a un carro asignado al director de los Gaulas Militares, el coronel César Augusto Martínez, sobrino del comandante del Ejército Nicacio Martínez.

Esto sumado a lo investigado por la Policía llevó integrantes de la institución hasta un vivienda en Ciudad Bolívar donde hallaron al joven atado. Posterior a su rescate, el joven denunció que había sido raptado por militares.

Según reposa en el artículo, solo hasta después de conocerse el caso públicamente, el director de los Gaulas Militares buscó a las autoridades para decir que el carro usado en el delito estaba asignado a él, y que los dos militares secuestradores estaban bajo su mando. El director de Gaula negó toda responsabilidad en los hechos.

Lo que dicen las autoridades

Por este suceso, el comando General de las Fuerzas Militares emitió un comunicado en el que aclaran que desde el 25 de julio tenían conocimiento que hombres de la institución presuntamente estaban tras el rapto del joven.

“En la noche del mismo día, en una reunión realizada en la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, se informó oficialmente al Director Nacional de Gaula Militares sobre la presunta participación de un personal militar en el secuestro del mencionado comerciante”, señala el comunicado.

La institución aseguró que una vez se enteraron del suceso el propio Director Nacional de Gaula Militares procedió a solicitar el trámite de retiro de la institución del personal presuntamente involucrado en el secuestro del comerciante.

Así las cosas, en su facultad del comandante del Ejército Nacional, Nicacio de Jesús Martínez, retiró del servicio al soldado profesional Milton Andrés Toro Hernández, mediante Orden Administrativa del 2 de agosto, y al Sargento Segundo Jorge Eliécer Serna Gómez, con Resolución del 5 de agosto.

Por otro lado, en las investigaciones adelantadas por la institución pudieron evidenciar que el Sargento Segundo de Infantería de Marina, Dick Rodríguez Fuentes, quien se encontraba de Suboficial de Servicio de la unidad militar el 20 de julio, día del secuestro del comerciante, y quien era el responsable de las instalaciones y los automotores de la Dirección de Gaula Militares, permitió la salida de un vehículo oficial para que se cometieran tales hechos.

Por lo que el comandante de la Armada Nacional ordenó el retiro del servicio activo del Suboficial, mediante Resolución del 6 de agosto de 2019.

La institución resaltó que “es necesario aclarar que el vehículo utilizado en el secuestro del comerciante no estaba asignado al Director Nacional del Gaula Militares”.

Del mismo modo, las Fuerzas Militares aseguraron que a propósito de tales hechos solicitaron ante un juez de control de garantías emitir orden de captura al mayor Rodríguez Fuentes.

Y añadieron que “es importante destacar que las informaciones sobre la presunta participación de personal militar en el secuestro, así como su posterior retiro de la institución, no se hicieron públicas por solicitud expresa de la autoridad competente, en respeto a la reserva legal de la investigación, para proteger la misma y no afectar los procedimientos de captura de los presuntos implicados”.