Seis masacres, cinco desplazamientos, 508 víctimas. Ese era el balance que hasta hace unos años podía hacer la población de Pueblo Bello (Turbo - Antioquia). Ahora hablan de exportaciones y de ruedas de negocio. Hay confianza, la que hace años no rondaba por el Urabá antioqueño.

“Hoy somos una comunidad transformada. No confiábamos ni en nuestras parejas porque en medio del conflicto teníamos que tomar partido”, contó Ramón García, líder del comité de impulso del proceso de reparación colectiva de su pueblo, enclavado en límites de Antioquia, Córdoba y Chocó.

Mientras él relataba esa transformación, los demás miembros del comité estaban empacando 18 toneladas de plátano para vender en Corabastos, el distribuidor de alimentos más grande del país.

El de ese municipio es ejemplo de lo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto entre la comunidad, el Estado y la cooperación internacional.

Esta es una de las comunidades que terminaron la ruta de reparación colectiva durante 2018, así lo lograron otras cuatro comunidades, y nueve colectivos étnicos en todo el país.

Avance en 2018

Este año fue el de la recuperación de la reparación colectiva, estancada por cerca de tres años por problemas de contrataciones. Muchos sujetos ajustaban cuatro o cinco años sin ver ninguna reparación en su comunidad.

Según la Unidad para las Víctimas, durante 2018 se incrementó en 172% la implementación de acciones contempladas en los Planes de Reparación Colectiva (PIRC) en el país con respecto a 2017.

“Es un balance muy positivo que ha sido posible por el trabajo articulado entre las comunidades, el Estado y la cooperación”, expresó Ramón Rodríguez, director de la Unidad.

Juliana Melo, directora de Reparación de la Unidad, aseguró que en este año se implementaron 560 acciones de los planes de reparación colectiva dirigidas a reparar los daños colectivos ocasionados en el marco del conflicto armado.

El proceso es muy lento. Una vez una comunidad es reconocida como sujeto de reparación colectiva la espera un largo camino: deben escoger un comité impulsor que con el acompañamiento de la comunidad afectada y de las entidades públicas diagnostique las necesidades más apremiantes, después vendrá toda la etapa de alistamiento, en la que se contempla la contratación de un operador que va ordenando las obras de reparación. Puede tardar varios años.

A la fecha, el 48% los más de 600 sujetos de reparación colectiva cuentan con más del 50% del avance en la implementación de sus planes de reparación, y el 25% de las acciones contenidas en todos los planes aprobados están implementadas.

Falta mucho

Aunque el avance es alentador con respecto a la lentitud en la reparación colectiva que se venía presentando en los años anteriores, a las víctimas les preocupa que se acabe el plazo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) que va hasta el 2021 o que se terminen los recursos sin que hayan sido reparadas todas las personas y las comunidades.

“Se deben amarrar los pantalones para ubicar a las víctimas donde se «merecen y crear un Conpes con suficientes recursos y darle una extensión al tiempo de la Ley de Víctimas”, expresó Yolanda Perea, miembro de la mesa de víctimas de Antioquia.