Dentro de un nuevo movimiento en la cúpula militar, el Gobierno Nacional decidió remover de su cargo al segundo al mando del Ejército, un general cuestionado por su presunta participación en actos de corrupción.

“El Gobierno Nacional, en uso de su facultad discrecional, ha decidido llamar a calificar servicios” al general Adelmo Fajardo, indicó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en una escueta declaración pública.

El 9 de julio, Fajardo había solicitado vacaciones para asumir su defensa ante los señalamientos publicados en la prensa sobre el presunto desvío de dinero público con fines personales durante su paso por el Comando de Educación y Doctrina del Ejército entre 2016 y 2017.

Junto con Fajardo, quien fue reemplazado por el general Augusto Valencia, los también generales Juan Vicente Trujillo, Francisco Cruz y César Parra fueron apartados de la carrera militar, sin que se precisaran los motivos.

Por su parte, el general Jorge Salgado fue nombrado agregado militar en Chile, con lo cual dejó de ser cabeza de la inspección general del ejército.

Entre tanto, el director de la Escuela Superior de Guerra, mayor general Jaime Agustín Carvajal Villamizar será el nuevo comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército. 

Por su parte, como inspector del Ejército llega el mayor general Óscar Alberto Quintero, actual jefe de comunicaciones y tecnología de las Fuerzas Militares.

El alto mando militar está bajo presión desde que la prensa internacional destapó en mayo la existencia de una directiva a las tropas para que duplicaran los resultados en combate, lo que ponía en potencial riesgo a los civiles, blanco en el pasado de ejecuciones extrajudiciales. 

La instrucción fue modificada en medio del escándalo, avivado después por presuntos casos de corrupción que salpican a altos oficiales y por los que ya fue llamado a calificar servicios el general Jorge Romero.

Terminado el conflicto con la desmovilizada guerrilla de las Farc tras el acuerdo de paz de 2016, que puso fin a más de medio siglo de lucha armada, Colombia enfrenta a otras organizaciones alzadas en armas o aliadas del narcotráfico.

Con casi un año en el poder, el gobierno de Iván Duque lidia con la presión de Estados Unidos para frenar el avance histórico de los narcocultivos, mientras intenta acabar con una campaña de asesinatos selectivos contra líderes de derechos humanos y exguerrilleros que firmaron la paz.