Las recientes jornadas de protestas que se han dado en el país -algunas de ellas que han terminado en fuertes desmanes- han vuelto a poner a los dirigentes del país a discutir sobre si se debe reglamentar o fijar algunos límites al derecho constitucional de la protesta.

La discusión, por ahora, parece que tiene fragmentado al propio gobierno nacional, en donde la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tienen posiciones divididas al respecto.

La jefe de la cartera política indicó que por ahora el gobierno no llevará ninguna reforma en tal sentido al Congreso, aunque sí confío en que el actual derecho a la protesta se haga sin ir a las vías de hecho, en donde los que más se afectan son los ciudadanos.

Pero una posición contraria tiene la vicepresidente Ramírez, quien solicitó a su partido, el Conservador, que lleve una reforma en tal sentido al Congreso, para que se regule el derecho a la manifestación.

La vicepresidente expresó que preocupa que muchos de los encapuchados que aparecen en esas manifestaciones no son estudiantes, para ella son “encapuchados que vienen de Venezuela”. “Es urgente reglamentar la protesta social porque la anarquía que vimos nos está notificando que esto va a seguir”, señaló.

El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, sostuvo que acompaña la reforma del conservatismo. "Nadie está dudando que hay que presentar el proyecto. La Corte Constitucional dio plazo hasta junio de 2019 para hacerlo y no pasó nada. El senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, me ha dicho que tiene un proyecto de ley listo para ser presentado. Bienvenido ese proyecto, es un proyecto relativamente fácil. Es tomar los artículos de la 1801 y mirar los pronunciamientos que han ocurrido de la Corte en ese periodo, hacer los ajustes respectivos, más lo que uno considere que debe incorporar en ese proyecto".

En ese partido ya se avanza en una reforma en tal sentido, el senador Juan Diego Gómez, sostuvo que “se trata de garantizar el ejercicio del derecho a la libre reunión y a la protesta, definiendo las condiciones para que la misma sea pacífica y en qué condiciones se puede alterar el pacifismo de la misma”.

Para Gómez, “cuando se pone en riesgo la vida, honra y bienes de los ciudadanos, se requeriría la intervención de las autoridades, causales que van a estar definidas allí”. Explicó además que se busca crear un protocolo que regirá la actuación de la Policía y los organismos de seguridad.

Según el senador conservador, ese protocolo se utilizaría cuando los derechos tanto de los manifestantes, como de los terceros que no estén participando, son violados. Un punto complejo que llevará esa reforma es habilitar a la fuerza pública para que ingresen a los establecimientos de educación superior.