Los millonarios recursos de regalías destinados al desarrollo científico y tecnológico de las regiones del país, que entre 2012 y 2016 alcanzaron $3,8 billones, no se están invirtiendo totalmente en tal fin, mientras académicos e investigadores quedan subordinados a actores políticos que deciden esta clase de gastos o a los contratistas, muchas veces poco idóneos, quienes ejecutan los proyectos. Así lo anunció el contralor general, Edgardo Maya.

Con el objetivo de abrir un debate franco y abierto sobre el tema, el jefe del organismo de control fiscal presentó los resultados que arroja una evaluación hecha por la Contraloría General de la República (CGR) al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que por mandato constitucional se financia con el 10 % de las regalías que provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables.

“Hemos encontrado muchos factores de riesgo. Es así como está el hecho de que una tercera parte del valor de la contratación lo realizan entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias, que ejecutan contratos por cerca de $600 mil millones, de un total contratado a la fecha de corte del informe de la Contraloría (diciembre de 2015), de $1,8 billones”, aseguró Maya Villazón al presentar los resultados de este trabajo en un evento académico que tuvo lugar en el Auditorio Principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.

No hay proyectos regionales

Según el contralor, la financiación a través de los recursos de regalías exige que los proyectos de ciencia y tecnología respondan a las necesidades específicas y puntuales de las regiones. Y no está sucediendo así, pues a diciembre de 2015 solo había 12 proyectos que integran dos o más departamentos, por valor de $135 mil millones.

En este resultado pesan dos aspectos: una definición muy laxa de “proyecto regional” de la Ley que regula el sistema de regalías, y la falta de voluntad política de los gobernadores para acordar la formulación de proyectos de verdadero impacto regional.

La evaluación que realizó la CGR sobre el Fondo de Ciencia y Tecnología, que abarca el período 2012-2015, pone de presente que buena parte de los problemas que evidenciaron son consecuencia de un diseño institucional poco adecuado, que puso el manejo de los recursos a depender de las decisiones de actores políticos de los departamentos, los gobernadores.

La Contraloría consideró crítico que en la práctica existen 33 fondos de ciencia y tecnología y no uno; que el peso fundamental de las decisiones se concentra en los gobernadores; y que la inmensa mayoría de los recursos está en departamentos que no cuentan con las capacidades en ciencia y tecnología, que les permita invertirlos de manera pertinente y eficaz.

Vías terciarias para la paz

El funcionario también se refirió a la propuesta del Gobierno de trasladar los saldos disponibles del Fondo de Ciencia y Tecnología, por valor de $1,5 billones, a la financiación de vías terciarias para la implementación del Acuerdo de Paz.

“Esta propuesta encuentra justificación en la lentitud tanto en el proceso de aprobación de proyectos, como en la ejecución de los mismos, que si bien aqueja en mayor medida al Fondo de Ciencia de Tecnología, también es una característica de todo el SGR”, aseguró.

Y agregó: “aunque es evidente que la etapa de postconflicto y construcción de paz requiere de ingentes inversiones en infraestructura y mejoramiento de las capacidades regionales para garantizar el desarrollo en equidad, es cierto también que nada de aquello podrá ser sostenible en el mediano y largo plazo sin el concurso del conocimiento, la investigación y la innovación”.

“Pero, en el marco de los problemas no sólo de eficiencia, sino de diseño institucional que están poniendo en riesgo la calidad del gasto del Fondo de Ciencia y Tecnología, cabe hacerse la pregunta de si por una única vez esos saldos disponibles tendrán un mejor uso apoyando la construcción de la paz, que a disposición de actores e intereses equivocados o, en las arcas del Tesoro, sin uso alguno”, concluyó